Sin embargo, Perú se mantiene como el primer productor mundial de cocaína y los cocales más extensos del país crecen sin problemas lejos de los destruidos cultivos de Durán de menos de una hectárea.
Dos años de esfuerzos en la erradicación produjeron una disminución de 30% de las tierras sembradas con coca y el gobierno asegura que destruirá 35 mil hectáreas este año, una área del tamaño de Filadelfia.
“Por primera vez en la historia del país hemos quebrado la línea ascendente de producción de cultivos de hoja de coca para el narcotráfico”, dijo el presidente Ollanta Humala el último mes luego que Naciones Unidas anunció las últimas cifras.
Según el gobierno, 42 mil familias obtuvieron ayuda con cultivos alternativos el 2014 luego que sus cocales fueron destruidos. Pero muchas de las 95 mil familias afectadas por la erradicación no obtuvieron apoyo, o como Durán, rechazaron los ofrecimientos estatales.
“Te dan un machete, unas cuantas pepas de cacao y luego se olvidan”, se quejó Durán. Los reclamos han reaparecido. Una protesta de cinco mil cocaleros en el pueblo de Ciudad Constitución, en la Amazonía del centro del país, se tornó violenta en julio cuando un campesino murió por un balazo disparado por la policía y otros 23 civiles quedaron heridos.
Fue la primera protesta de los cocaleros desde el 2012 cuando algunos cientos de cultivadores atacaron a los erradicadores y a los agentes.
Los cocaleros exigen detener la destrucción de los arbustos hasta que el gobierno ofrezca opciones reales para sembrar otros cultivos. Hipólito Rodríguez, líder cocalero en Ciudad Constitución, afirma que se malgasta el dinero del desarrollo alternativo en planes inútiles y frívolos como “pasantías, caravanas, jugosos sueldos de funcionarios y al agricultor no le llega un solo centavo”.
Desde que Humala llegó al poder en el 2011, su gobierno ha invertido 285 millones de dólares en la lucha antidrogas, más del triple del dinero gastado en la gestión anterior de Alan García.
En el mismo periodo, Estados Unidos gastó poco más de 60 millones en erradicación y ha invertido más de 100 millones de dólares en cultivos alternativos, principalmente cacao, café y palma aceitera. Además, Washington suministra 22 helicópteros Huey usados para el transporte del personal de erradicación y de policías antidrogas armados que brindan seguridad.
El politólogo peruano Juan Manuel Torres, analista del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, cree que una mejor opción consiste en fomentar un programa de erradicación de hojas de coca “focalizado y consensuado” con los campesinos.
En un correo electrónico enviado a la AP escribió que junto “al compromiso de los cocaleros de reducir, poco a poco, las hectáreas de coca debe, simultáneamente, desarrollarse un plan de productos alternativos competitivos que aseguren al campesino cubrir sus necesidades básicas y generar excedentes, junto a un programa de construcción de carreteras y créditos agrarios que le otorguen viabilidad” .
“Todo esto forma parte de una estrategia mayor antidrogas que involucran otros ejes de acción como interdicción, prevención, rehabilitación y cooperación cuyo objetivo debe ser la reducción efectiva del fenómeno del narcotráfico pero sin descuidar el respeto pleno a los derechos humanos”, escribió.
Bolivia permite seleccionar agricultores para que cultiven una cantidad limitada de coca mientras erradica en otras regiones, donde también ha encontrado disturbios.
Naciones Unidas anunció el lunes que Bolivia redujo a 20 mil 400 hectáreas la superficie de sus cocales, de un tercio desde el 2010.
Durán y su esposo sembraron plátanos luego que un equipo de erradicadores arrancó por primera vez sus cocales en el 2013.
Meses después cuando quisieron vender los bananos el río estaba seco, entonces caminaron más de cinco horas entre el monte con un centenar de plátanos sobre sus espaldas por el que un comerciante sólo les pagó un dólar. Desanimados volvieron a sembrar coca que cada cuatro meses les otorga poco menos de mil dólares.
“Nadie te compra nada, solo la coca”, dijo Durán quien arribó hace 12 años de un pueblo más pobre en los Andes donde sembraba papas.
A inicios de julio los helicópteros Huey de Estados Unidos trajeron a una decena de policías armados con fusiles junto a 70 hombres que portaban desraizadores y en media hora destruyeron sus cocales por segunda vez.
“Me dijeron: aquí no hay ni pobres, ni madres solteras, ni enfermos, tenemos órdenes de dejar la coca en cero”, recordó Durán en las afueras de su cabaña abundante en barro donde también cría a tres cerdos, dos carneros y una decena de aves de corral.
“No sé qué hacer”, dice Durán aunque considera que un primo suyo “enfermo de la cabeza está en peor condición”. Se refiere a Germán Estela, de 41 años, quien, según los vecinos de Nuevo Cañaveral, al menos una vez por año se desnuda y corre por los montes cocaleros asegurando a gritos que es Dios.
Germán Estela, que en abril se arrancó de un mordisco el dedo meñique de la mano izquierda, dijo a la AP en su cabaña “estoy endeudado y ya no tengo dinero”. La reciente destrucción de sus cocales le impide pagar una deuda de mil dólares que contrajo el 2014 cuando fue llevado a otro poblado para “sanarse” en casa de una curandera.
Auge
Desde el auge de la cocaína que empezó en la década de 1970 en Perú, Colombia y Bolivia, miles de familias migraron a las zonas de cultivo de coca en la vertiente oriental de los Andes para vivir de la economía de la droga.
Con Humala, los erradicadores arrancaron la hoja de coca de gran parte del valle del Alto Huallaga, la cuna del narcotráfico. Pero los cocaleros simplemente se mudaron al sur, a un destino más seguro: el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, donde se cultiva el 68% de la coca de Perú y el gobierno no destruye los cocales por temor a una violenta resistencia.
Unos 60 guerrilleros de Sendero Luminoso, residuos de un movimiento que casi puso de rodillas a Perú durante una guerra sucia entre 1980-2000, protegen el tráfico de drogas, aunque la policía afirma que son apenas una de las 15 bandas que trafican en la zona.
Carlos Figueroa, asesor en desarrollo alternativo de la agencia antidrogas DEVIDA, dice que si bien han invertido más de US$169 millones en la gestión de Humala, aún se necesita más tiempo para que aldeas como Nuevo Cañaveral dejen de depender del narcotráfico.
Existe “resistencia al cambio” sobre todo en los que están más ligados al narcotráfico, comenta. “El narcotráfico está enquistado en esta zona y lo que trata de hacer es manejar la vida de ellos, además depreda el medioambiente y contamina el agua con todos los insumos químicos que usan para procesar la droga y esa agua es la que la gente toma todos los días”.
La policía detectó más de 300 laboratorios de cocaína en la región en los últimos dos años, y estima que 20 pistas clandestinas se usan para transportar droga a Bolivia en avionetas. El sargento antidrogas Miguel Oré, encargado de brindar seguridad a los erradicadores, comenta que quienes huyen de sus casas cuando la policía llega son los que tienen pozas de maceración de pasta base de cocaína ocultas entre sus cocales.
Pero muchos no se van. “Son gente muy pobre”, dijo. “Se arrodillan y ruegan que le dejemos un poquito porque de eso viven”.
