El funcionario explicó que la oferta es “en efectivo” y que una “parte” de lo ingresado estaría destinada a la compra de equipo médico para afrontar la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, que en el país ha dejado más de 35 mil muertos y casi 300 mil contagios.
“Por confidencialidad en este punto del proceso, no podemos dar mayores detalles”, expresó Mendoza, quien a finales de 2018 recibió el encargo de López Obrador de vender las aeronaves del Gobierno dedicadas al traslado de altos funcionarios.
Según las autoridades, están pendientes algunas inspecciones técnicas para la venta de la aeronave y, en caso de que no se cerrara la transacción, hay otras dos ofertas sobre la mesa.
El titular de Banobras explicó que también hay una oferta por la segunda aeronave más lujosa del Gobierno, un Gulfstream G-550, por el cual ya se recibió un depósito de 2,5 millones de dólares, aunque no dio más detalles.
Por su parte, el director general de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó que ya se retomó la rifa de un valor equivalente al avión presidencial, que había sido detenida por la pandemia.
Según explicó, el sorteo tendrá lugar el 15 de septiembre y ya se ha vendido el 22.58 % de los billetes de la rifa, que repartirá 100 premios con un valor total de 2 mil millones de pesos (unos US$88.9 millones).
“La rifa continúa adelante para obtener fondos que tienen que ver con el avión presidencial y van a ser utilizados para la compra de equipo médico”, detalló a su vez López Obrador.
Debido a las dificultades para encontrar un comprador para el avión presidencial, López Obrador se planteó sortearlo, aunque finalmente el Gobierno optó por hacer una rifa con un premio equivalente al precio de la aeronave.
La idea de deshacerse del avión es una de las principales promesas de López Obrador, quien viaja en vuelos comerciales a sus giras pues asegura que el Boeing 787 representa un lujo excesivo de sus predecesores que va en contra de su política de austeridad.
Esta aeronave fue adquirida en 2012 por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), aunque no llegó a México hasta febrero de 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y entre críticas por su costo de US$218.7 millones.