El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan “aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional”, indicó el portavoz.
Agregó que ello “demuestra su desesperación por evitar cualquier esfuerzo de la OEA o de socios de ideas afines para responsabilizarlos por atroces abusos contra los derechos humanos”.
“Sus abusos incluyen detener, condenar y maltratar injustamente a presos políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez; atacar a periodistas independientes; y obligar a cientos de organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas a cerrar o traspasar sus operaciones al Estado”, detalla el comunicado.
El Gobierno nicaragüense notificó la decisión de denunciar la Carta de la OEA -que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esa organización- en noviembre de 2021, días después de la reelección para el quinto mandato de Ortega en unas elecciones que la organización tachó de ilegítimas.
El Departamento de Estado enfatizó hoy que pese a las denuncias de Ortega y Murillo de la Carta de la OEA, “Nicaragua sigue sujeta a sus obligaciones de derechos humanos y gobernanza en virtud de los tratados e instrumentos restantes, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Miller subrayó que Estados Unidos y los demás socios en la OEA continuarán revisando “todas las herramientas disponibles y apropiadas para responsabilizar a Ortega, Murillo y sus sustitutos por sus acciones”.
El portavoz urgió a las autoridades nicaragüenses a cumplir con sus obligaciones y cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo.
