Si esa condena quedara firme, Lula también estaría impedido de presentarse como candidato según la ley electoral brasileña, en momentos en que lidera los sondeos para las presidenciales de octubre.
Lula fue condenado el año pasado a 9 años y medio de cárcel por el juez de primera instancia Sergio Moro, como beneficiario de un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. Esa sentencia fue confirmada en enero y la pena elevada a 12 años y un mes de cárcel por el TRF4.
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El caso se enmarca en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la Operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en Brasil, que implicó a políticos de casi todos los partidos, arrastró a grandes constructoras como Odebrecht y se extendió por una docena de países entre América Latina, Estados Unidos, Europa y África.
Lula enfrenta otros seis procesos judiciales. En todos se declara inocente y los atribuye a una conspiración de las “élites” para impedirle volver al poder.
La decisión del STF el 4 de abril es aguardada con ansiedad. Si es aceptado el recurso para Lula podría abrir la puerta a decenas de pedidos similares por parte de otros condenados en segunda instancia para salir de la cárcel y aliviar el futuro de numerosas personalidades que están en la mira de las investigaciones, como el presidente conservador Michel Temer y varios de sus principales colaboradores.
El retorno, cada vez más cuesta arriba
El exlíder sindical y precandidato para las elecciones de octubre, se halla actualmente en una gira proselitista por el sur del país, marcada por incidentes provocados por sus adversarios que atacaron a pedradas a los autobuses de la comitiva y arrojaron huevos contra los oradores en los actos.
La gira concluirá el miércoles en Curitiba, la ciudad donde oficia el juez Moro, apodada “capital de la Operación Lava Lato”.
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Las mismas razones que lo acercan de la cárcel, alejan a Lula de las elecciones: según la justicia electoral, la llamada ley de “ficha limpia” prohíbe a condenados con sentencia firme de segundo grado disputar cargos electivos.
Pero la última palabra al respecto la tendrá el Tribunal Superior Electoral, que analizará las candidaturas entre julio y agosto.
Queda por saber si el Partido de los Trabajadores (PT) está decidido a correr el riesgo de apostar a fondo por un candidato comprometidas de llegar hasta el final, pese a su favoritismo en las encuestas.
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