Confiada y sonriente, Fernández de Kirchner había ingresado al juzgado de su archienemigo Claudio Bonadio sorteando una colorida y ansiosa muchedumbre de partidarios con banderas, bombos, carteles y pancartas con reproches a Macri por los despidos y los aumentos de tarifas.
“Todas las supuestas causas que están inventando contra Cristina son tan falsas que se va a quedar en un show. Las medidas económicas de Macri nos asfixian”, afirmó Alejandro Rodríguez, de 30 años, un trabajador de la periferia de Buenos Aires presente en el mitin espontáneo.
“Me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa, pero lo que no pueden hacer es hacerme callar. Propongo formar un gran frente ciudadano, convoquen a los dirigentes sindicales también porque están echando a gente como perros”, Cristina Fernández.
Según fuentes del tribunal, la expresidenta no saludó a Bonadio, lo trató de “incompetente”, lo criticó durante casi 30 minutos y el magistrado abandonó su propio despacho al entender que ella no respondería a sus preguntas, según describió el diario Clarín.
Fernández sostuvo que la acusación por una operación cambiaria del Banco Central durante su mandato (2007-2015) revela “la intención del gobierno, con la colaboración imprescindible del poder judicial, de plantar una causa penal que me prive de la libertad”, escribió en un documento que entregó al juez.
Este primer gran mitin opositor al gobierno de centroderecha de Macri fue transmitido casi en cadena nacional por las principales televisoras del país y seguido minuto a minuto por los portales de noticias.
“No les tengo miedo. Afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme”, dijo en la red social Facebook.
Además de esta causa, la expresidenta afronta también el pedido de investigación de un fiscal por supuesto lavado de dinero de un empresario amigo.
La citación colocó a Kirchner en el centro de la escena política luego de haberse recluido en la Patagonia (sur) desde el 9 de diciembre, cuando dejó el cargo a Macri.
Macristas querellantes
La exmandataria está imputada por afectar los fondos del Banco Central con las “ventas de dólares a futuro”, una operación cambiaria realizada por el Banco Central en septiembre pasado, en plena campaña electoral.
En un intento por desalentar una devaluación, el Banco Central fijó precios de dólar no muy altos, válidos para marzo de 2016.
Pero Macri, cuyo triunfo sorprendió al kirchnerismo, devaluó tras asumir y el Banco Central tiene que pagar ahora un 50% más caros los futuros.
Los querellantes son dos macristas, el titular del Senado, Federico Pinedo, y de Diputados, Mario Negri.
El juez acusa a Fernández, sin fueros tras dejar la Presidencia, al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli y al exministro de Economía Axel Kicillof de presunta “defraudación contra la administración pública”.
“Es un caso de denuncia política armada donde no hay acusación”, dijo Kicillof al calificar la causa de “absurda” en un escrito presentado a Bonadio el martes.
Lluvia de causas
Argentina está agitada por denuncias judiciales que alcanzaron incluso a Macri por la revelación de al menos dos sociedades offshore suyas en la investigación de los “Panama Papers” y por una serie de acusaciones a exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015) .
“Se la pasaron buscando la ruta del dinero K y se encontraron con la ruta del dinero M”, dijo Kirchner arrancando aplausos en su encendido discurso.
Las acusaciones contra los kirchneristas van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero con sospechas cruzadas de parcialidad de fiscales y jueces.
La diputada del partido socialdemócrata GEN Margarita Stolbizer, una de las principales denunciantes de gestiones sospechosas durante el kirchnerismo, advirtió que existen “muchos elementos para procesar” a Kirchner “en varias causas”.
Política judicializada
Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, opositor a Kirchner y a Macri, criticó el martes lo que consideró “la judicialización de los temas políticos”. “Esta es una causa sobreactuada por Bonadio”, indicó.
La docente Adriana González (56), en medio de una marea de jóvenes militantes, dijo a la AFP que “tenemos memoria y no queremos otro 2001”, con un colapso financiero y estallido social.
Eduardo Gino (60), profesor de Bellas Artes, dijo que “este gobierno de empresarios es un retroceso inmenso que pagaremos caro”. “La causa contra Cristina es persecución política”, añadió.
