“Vivimos un momento histórico, un momento en que la impunidad de poderosos grupos económicos y políticos que se enriquecen ilícitamente a costa de la sociedad brasileña es quebrada” , dijo el fiscal Deltan Dallagnol, líder del grupo de tareas que trabaja en Paraná.
El juez Sergio Moro, que maneja el caso en Curitiba, capital de Paraná, debe responder si acepta o rechaza la presentación basada en los hallazgos de la denominada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos) , que destapó la trama de corrupción que costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras, hasta hace poco sinónimo del futuro de grandeza que aguardaba al país.
“Hoy, Lava Jato da otro importante paso en el combate a la impunidad. Fueron ofrecidas las acusaciones criminales contra ejecutivos vinculados a las mayores constructoras de Brasil: Andrade Gutierrez y Odebrecht” , señaló.
millones de dólares se estima perdió Petrobras por corrupción.
Más temprano, el magistrado había solicitado una nueva prisión preventiva para Marcelo Odebrecht.
“Con el patrimonio y los recursos de que dispone, Odebrecht está en condiciones de interferir de varias maneras en la recolección de pruebas, sea presionando testigos, sea buscando interferencia política” , escribió, antes de advertir que existen “riesgos” para el proceso si se lo libera.
De acuerdo con la investigación del llamado “Petrolao” las principales constructoras de Brasil formaron un cártel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores. La tasa media fue estimada entre 1 y 3%, según los textos del juez.
Política
Por este caso también en detenido el hasta hace poco tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores Joao Vaccari, quien está acusado de ser el articulador financiero de la fuerza a la que pertenece la presidenta Dilma Rousseff en la red de corrupción. Y esta semana fueron condenados tres exdirectivos del grupo Camargo Correa a más de 15 años de prisión.
personas son investigadas por la justicia brasileña, entre ellas, 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones. El proceso ha causado un sismo político que ya está dejando sus cicatrices.
Las ramificaciones políticas del “Petrolao” mantienen en vilo al país y le están cobrando un peaje muy elevado a la popularidad de Rousseff, que cayó al 7,7%, según una encuesta publicada este martes. Ese trabajo mostró, además, que más del 60% de los consultados quiere que sea sometida a un juicio de destitución.
La justicia también investiga a 13 senadores, 22 diputados y dos gobernadores en funciones, un proceso que está causando un sismo político que ya está dejando sus cicatrices.
La fiscalía de la nación -en este caso con aval de la corte suprema- allanó recientemente propiedades del expresidente y actual senador Fernando Collor e incautó tres vehículos de lujo de una de sus propiedades en Brasilia. Y poco después la publicación del testimonio de otro de los investigados que confesó sus delitos indicó que el poderoso presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, había pedido un soborno de cinco millones de dólares.
Cunha abandonó de inmediato la coalición de gobierno y pasó a la oposición.
