Huezo denunció el 14 de abril pasado la desaparición de la comunicadora y aseguró al periódico “La Prensa Gráfica“, del mismo grupo editorial que la revista “El Economista” para la que trabajaba Turcios, y a las autoridades que salió con su hijo y que al volver ella no estaba en casa.
Meléndez explicó que la declaración de Huezo, quien se presentó a la Fiscalía en al menos dos ocasiones, se contradice con el rastreo que hicieron de su teléfono móvil y del seguimiento mediante cámaras de seguridad.
“Tenemos siete cámaras que captan el vehículo de Mario Huezo rumbo a la Longitudinal del Norte y se desvía hacia el sector donde fue encontrado el cadáver de la periodista, cuando él dice que estaba en otro lado”, explicó el fiscal.
Añadió que los teléfonos de Huezo y la periodista se ubican en la misma ruta desde que salen de la casa y llegan al lugar del hallazgo del cuerpo, en cuyo lugar permanecen durante 8 minutos y al llegar a su casa hizo llamadas al teléfono de la víctima “como posible coartada”.
Huezo, según la Fiscalía, tuvo que conducir más de 90 kilómetros desde una zona residencial de la capital salvadoreña hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo, todo en presencia de su hijo, un menor de 5 años de edad.
Congreso emite pronunciamiento para condenar femicidios
La Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un pronunciamiento en el que condena “cualquier hecho” que transgreda los derechos humanos y libertades de las mujeres en ese país, “especialmente el feminicidio”.
El Congreso se pronunció en este sentido “ante los hechos de violencia contra las mujeres que han sucedido en los últimos días”, aunque los feminicidios en El Salvador son un delito frecuente y se viene produciendo a lo largo de los años.
El país centroamericano cuenta con una de las tasas de muertes violentas de mujeres más alta del mundo, donde, según fuentes policiales, en el 2017 se computaron 13.49 sucesos de este tipo por cada cien mil féminas salvadoreñas, quienes no reciben un trato ni protección especial.
La ONU denunció que entre enero del 2015 y junio del 2017, “hubo solo 59 condenas de 855 casos presentados ante los tribunales, porque en los juicios de estos casos prevalece un tratamiento orientado por valores y prácticas culturales que dificultan el reconocimiento de la violencia contra las mujeres”.
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