Los cargos se refieren fundamentalmente a la supuesta propiedad de un apartamento en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y de una casa de campo en el interior de ese mismo estado.
Ambos inmuebles fueron frecuentados por Lula y su familia y en las notarías de Sao Paulo aparecen a nombre de personas vinculadas al expresidente, quien niega a rajatabla que sean suyos y se dice víctima de una persecución política.
Sin embargo, las autoridades judiciales sospechan que en realidad pertenecen a Lula y que serían producto de diversos “favores” que habría hecho desde el poder a algunas empresas implicadas en la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras.
Las causas contra Lula estaban inicialmente en manos de Moro, pero pasaron a la Corte Suprema una vez que el expresidente fue nombrado ministro del gabinete de la mandataria Dilma Rousseff, que fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución.
Mientras fue responsable del caso, Moro ordenó una de las más impensables acciones de la Policía, a la que envió al domicilio de Lula a primera hora de la mañana del pasado 4 de marzo, un día que Brasil se estremeció ante una operación que tenía como blanco al líder más carismático del país.
El expresidente fue llevado a una comisaría a declarar en forma coercitiva mientras los agentes allanaban su casa y las de algunos familiares y fue liberado tras ser interrogado durante casi cuatro horas.
La decisión de reenviar el caso al despacho de Moro fue tomada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros de la Corte Suprema, debido a que Lula carece ahora de la condición de aforado que le habría garantizado ser juzgado por ese tribunal.
El nombramiento de Lula como ministro de su heredera política y sucesora en la Presidencia días después de su interrogatorio suscitó polémicas, pues se sospechó que escondía la intención de librarlo de Moro y blindarlo con el aforo del Supremo, tradicionalmente más lento que la justicia de primera instancia.
Las sospechas se agudizaron cuando el propio Moro divulgó una grabación, autorizada por la justicia, de una conversación entre Rousseff y Lula, en la que la mandataria le informaba de que le adelantaba con un mensajero el acta de su nombramiento.
“Estoy mandándote a Bessias junto con el papel, para que puedas usarlo en caso de necesidad. Es el acta de posesión” , dijo Rousseff en esa conversación y sobre un inusual anticipo de un documento que los ministros solo reciben cuando asumen efectivamente el cargo.
Aún así, el propio Zavascki determinó en ese momento que el caso que implicaba a Lula debía pasar a la órbita del Supremo, decisión que el mismo juez echó para atrás la noche de este lunes.
Junto con la causa que implica a Lula, Zavascki remitió a la jurisdicción del juez Moro los procesos iniciados en torno a otros tres exministros de Rousseff sospechosos de haberse beneficiado de la corrupción en Petrobras.
Se trata del exjefe de gabinete Jaques Wagner y los exministros de Información Edinho Silva y de Derechos Humanos Ideli Salvatti, que como en el caso de Lula eran investigados por el Supremo por su antigua condición de aforados, que acabó una vez que Rousseff fue suspendida de sus funciones.
Los tres exministros son reconocidos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) , fundado por Lula en 1980, al que pertenece también Rousseff y uno de los más salpicados por la corrupción en la petrolera estatal.
Por ese asunto, el juez Moro ya ha condenado a 15 años de prisión a Joao Vaccari Neto, extesorero del PT, y a 23 años a José Dirceu, uno de los líderes históricos del partido y considerado el “hombre fuerte” del primer mandato de Lula.
