Hanen emitió la semana pasada una suspensión temporal solicitada por 26 estados que han entablado una demanda contra la medida de inmigración de Obama, que protege de la deportación a unos cinco millones de inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.
Los gobiernos estatales, liderados por el de Texas, han alegado que la medida de Obama es inconstitucional y obligaría a un aumento en el gasto de los estados en funciones policiales, servicios médicos y educación.
El Departamento de Justicia ha pedido a Hanen que aplace el cumplimiento de su fallo mientras el gobierno federal apela la decisión. Si la solicitud es acepada, la decisión de Obama podría seguir adelante mientras el caso se decide en los tribunales.
Obama anunció la decisión ejecutiva en noviembre, alegando que falta de acción del Congreso lo obligó a decretar cambios amplios en las normas de inmigración. Los republicanos, quienes dicen que Obama se ha excedido en su autoridad, han bloqueado fondos al Departamento de Seguridad Nacional a menos que los demócratas acepten cancelar la orden del presidente.
Ha habido ocasiones en que jueces han aplazado el cumplimiento de sus propias órdenes. El año pasado, un juez federal de Texas falló que la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado es inconstitucional, pero aplazó el cumplimiento de su fallo para permitir que el estado apelara, pero expertos en asuntos jurídicos dicen que es poco probable que Hanen aplace su fallo porque escribió una orden judicial de 123 páginas que expresa que los estados “sufrirían daños irreparables en este caso” si la decisión de Obama en materia de inmigración procede mientras se debate la demanda.
“Sobre la base del texto (de Hanen) se desprende que si aplaza el cumplimiento del fallo entonces esos daños comenzarían a acumularse y ese es el objetivo del fallo”, dijo Pratheepan Gulasekaram, profesor de Derecho Constitucional y de Inmigración en la Facultad de Leyes de la Universidad de Santa Clara, en California.
