“Con las pertenencias localizadas, como la ropa, personal de la PGR trabaja en el procesamiento e identificación de los mismos, mediante análisis de antropología, genética y odontología, entre otros estudios”, apuntó.
La institución señaló que también se han recabado las declaraciones de pobladores de Carrizalillo y tomado los perfiles genéticos en la población.
Además, informó que personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia participa en las acciones de búsqueda de fosas en esa zona, “con el uso de equipo y tecnología de punta como el georadar”, a petición de la Fiscalía.
En los últimos días pobladores de Carrizalillo instaron al Gobierno a emprender una búsqueda de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en los alrededores de esa localidad, después de que un presunto miembro de Guerreros Unidos confesara la semana pasada que en los alrededores había fosas con numerosos cadáveres.
Ello detonó una búsqueda, en la que “encontramos unas fosas; había huesos humanos y a algunos se les notaba la ropa, pero los dejamos así porque ahora andan por aquí los peritos de la PGR”, dijo Manuel Zepeda, habitante de Carrizalillo, el martes último.
Denunció que desde junio del año pasado esa zona se convirtió en un bastión del cartel Guerreros Unidos, por lo que a veces llevaban sus víctimas a esa localidad y tenían a los habitantes del pueblo casi secuestrados.
Los narcotraficantes sembraron terror en la zona, ya que cobraban a los habitantes cuotas por dejarlos ejercer sus actividades y los obligaban a que les dieran de comer e incluso a hacer guardias para protegerlos de grupos rivales.
Además, Zepeda contó que el 27 de septiembre del año pasado, un día después de la desaparición de los 43 estudiantes presuntamente a manos de policías corruptos y miembros de Guerreros Unidos, algunas personas notaron movimientos extraños de unos 40 sicarios.
En julio pasado, la Fiscalía admitió que desde octubre del 2014 se habían hallado 60 fosas comunes con los restos de al menos 129 personas en el sur del estado de Guerrero, pero ninguno de ellos correspondía a los 43.
De acuerdo con la versión de la PGR, la noche del 26 de septiembre del 2014 decenas de estudiantes de Ayotzinapa (todos hombres) fueron atacados a balazos por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Seis personas murieron, incluidos tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero en Cocula, una versión que ha sido cuestionada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el marco de la investigación de este caso, la PGR tomó el martes pasado el testimonio de José Luis Hernández, director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
En todo momento se respetó “su calidad de testigo y se salvaguardaron sus derechos constitucionales”, dijo la Fiscalía, que añadió que Hernández “podría ser requerido para posteriores diligencias relacionadas con los hechos que se investigan”.
