La directiva se emite en medio de la polémica surgida por una ley del estado de Carolina del Norte que obliga a los transexuales a usar los baños de edificios públicos de acuerdo con el sexo que figura en su certificado de nacimiento.
Aunque la directiva no tiene rango de ley, las escuelas que no la cumplan pueden verse abocadas a perder los fondos federales que reciben e incluso a enfrentar demandas gubernamentales.
En el documento dirigido a todos los colegios públicos del país, el Gobierno del presidente Barack Obama subraya que, bajo el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, las escuelas que reciben fondos federales no pueden discriminar por razones de sexo a los estudiantes.
Por ello, aunque la directiva no tiene rango de ley, las escuelas que no la cumplan pueden verse abocadas a perder los fondos federales que reciben e incluso a enfrentar demandas gubernamentales.
“Esta directiva aclara más a fondo lo que ya hemos dicho en repetidas ocasiones, que la identidad de género está protegida bajo el Título IX”, explicó en el comunicado el secretario de Educación de EE. UU., John King.
De acuerdo con la directiva, cuando un estudiante o sus progenitores notifiquen un cambio en el género con el que el alumno se identificaba previamente, la escuela debe actuar en consecuencia y respetar esa nueva identidad.
Los que se oponen a medidas como la directiva anunciada el viernes advierten del peligro que supone permitir a varones de nacimiento que se identifican como mujeres acceder a baños en los que puede haber niñas pequeñas.
El pasado lunes, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Carolina del Norte y su gobernador, el republicano Pat McCrory, por una ley de ese estado contra la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales que obliga a usar los baños públicos de acuerdo con el sexo indicado en el certificado de nacimiento.
La acción del Departamento de Justicia busca evitar que se pueda aplicar la ley y se produjo horas después de que el gobernador McCrory interpusiera, a su vez, una demanda contra el Gobierno federal en la que asegura que la norma “no es discriminatoria”.
