Según se desprende de una investigación del diario The Washington Post y documentos del Departamento de Justicia, los lobistas intentaron influir a los fiscales del caso, que acabó con Tony Hernández sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico.
Según el Washington Post, la firma que había presionado durante el proceso y que se mencionaba sin nombrar en los documentos del proceso contra Tony Hernández sería el prestigioso bufete de Washington Arnold & Porter, que tiene como socio a John B. Bellinger III, exasesor legal del Departamento de Estado con George W. Bush o en el que trabajó el actual Fiscal General Merrick Garland.
Según los fiscales del caso de Tony Hernández, los lobistas contratados por Honduras los contactaron para advertirles de “consecuencias colaterales” por el proceso en las relaciones con el país centroamericano en lo referente a las bases militares de Estados Unidos en el país, así como “asuntos migratorios no relacionados”.
La campaña de Arnold & Porter en nombre del gobierno hondureño intentó desacreditar el valor de algunos testigos en relación al costo “colateral” en las relaciones bilaterales y aseguró que estaba haciendo cabildeo con otros departamentos de la Administración de Donald Trump tras mantener contactos con el Consejo de Seguridad Nacional, según los documentos legales derivados del proceso contra Tony Hernández.
Esos contactos se produjeron en el otoño de 2019, poco después de que Arnold & Porter registrara su relación con Tegucigalpa en la base de datos de agentes extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia.
El documento de registro en FARA, con fecha del 23 de septiembre de 2019, incluye un contrato fechado en agosto de ese año por 475 mil dólares más gatos adicionales firmado con Anderson & Porter por la entonces secretaria de Finanzas hondureña Rocío Tábora, según pudo constatar Efe.
El objeto de la relación contractual, según los documentos entregados a FARA en septiembre de 2019, es “proveer servicios legales en conexión con una transacción de mercado internacional de capitales”, así como “asuntos adicionales que se acuerden mutuamente”, trabajos de “diligencia debida” o que afecten a las relaciones bilaterales.
El bufete legal tiene relaciones de representación y cabildeo también con Argentina, Corea del Sur, Israel o el equipo del presidente encargado venezolano Juan Guaidó, según informes del primer semestre de 2020 consultados por Efe.
