Nadie ha sido retirado del cuerpo hasta ahora.
El Heraldo publicó documentos de archivos policiales que indican la existencia de videos que muestran a un grupo de oficiales y agentes en el momento de planificar el asesinato en el 2009 del denominado zar antidrogas, general retirado Julián Arístides González, y de entregar más de 20.000 dólares a los sicarios.
Agentes de la fiscalía intervinieron la noche del lunes el cuartel principal de la Policía en Tegucigalpa en busca de evidencias relacionados con los crímenes.
Hernández y las autoridades policiales no negaron ni rechazaron las denuncias del rotativo e indicaron que las investigaciones se podrían extender a otros casos considerados emblemáticos de asesinatos de periodistas y activistas pro derechos humanos.
La Policía señaló en un comunicado que “las supuestas conductas de funcionarios policiales que actuaron al margen de la ley en el pasado no reflejan la política institucional ni son coherentes con nuestra misión constitucional de salvaguardar la integridad física y proteger los bienes de las personas” .
La Policía expresó su “repudio a cualquier participación de algún integrante de la institución en posibles hechos al margen de la ley” .
En forma similar murieron en esta capital el asesor antidrogas Alfredo Landaverde en diciembre de 2011 y el fiscal Orlan Chávez en abril del 2013. Ambos habían recibido previamente amenazas de muerte.
La Policía de Honduras se encuentra sometida a una depuración por sus altos índices de colusión con el delito.
Tras casi cuatro años de haber sido puesto en marcha, el proceso no ha dado los resultados esperados y solamente se han registrado 33 órdenes de separación del cuerpo de sus 14 mil miembros.
De esas órdenes, se han aplicado solo siete, según datos de la Secretaría de Seguridad.
Estadísticas oficiales indican que entre un 7 y 9% de los policías consumen estupefacientes, lo que significa falta grave y expulsión, pero la Secretaría de Seguridad jamás ha adoptado una decisión al respecto.
La reforma de la seguridad pública de Honduras, donde al menos 14 personas mueren al día por la violencia, comenzó en marzo del 2012 cuando el gobierno, acorralado por la presión ciudadana y los medios de comunicación tomó la decisión de corregir las prácticas indebidas de la policía, considerada una de las más corruptas del mundo.
