El blog, que pertenecería al sospechoso de la matanza, Dylann Roof, muestra decenas de fotos suyas, armado, quemando la bandera estadounidense, enarbolando la bandera confederada y justificando su crimen por su odio contra los negros.
El FBI dijo que estaba analizando “la autenticidad” del sitio web.
Miles de personas marcharon en Columbia, la capital de Carolina del Sur, ante el Parlamento local, donde la bandera confederada continúa flameando, mientras las de Estados Unidos y del estado ondean a media asta.
“Bájenla”, gritaban los manifestantes, que entonaron “We Shall Overcome”, un emblemático canto de las marchas por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, y enarbolaron pancartas en las que exigieron el retiro del símbolo de la Confederación durante la guerra civil, una medida que sólo puede ser tomada por el parlamento local.
El debate sobre la bandera confederada, símbolo de orgullo del sur para sus partidarios, y de racismo para sus detractores, se relanzó tras la matanza del miércoles en la histórica y turística Charleston, una de las peores masacres de este tipo en la historia reciente del país.
Más de 370 mil personas firmaron una proclama en el sitio MoveOn.org en el que denuncian a la bandera confederada como “un símbolo de la rebelión y del racismo” y llaman a construir “unos mejores Estados Unidos”.
Para el presidente Barack Obama, citado por su portavoz Eric Schultz, “la bandera confederada pertenece al museo”.
Mitt Romney, excandidato republicano a la Casa Blanca, escribió en Twitter: “bajen la bandera confederada del Parlamento de Carolina del Sur. Para muchos, es un símbolo del odio racial. Retírenla ahora, en homenaje a las víctimas de #Charleston.”
“Bien dicho Mitt”, le respondió Obama en Twitter.
-Piden pena capital-
Dos días después de que nueve personas murieran a tiros durante una reunión para estudiar la Biblia en una iglesia de Charleston, la gobernadora del estado, la republicana Nikki Haley, hizo una audaz declaración pública: El agresor “desde luego” debe ser ejecutado. Pero su estado, aunque con apoyo mayoritario por la pena capital, no consigue los fármacos necesarios para la inyección letal y no ha ejecutado a nadie desde 2011.
Una hipotética ejecución de Dylann Storm Roof, de 21 años, sería dentro de varios años. Se le acusa de nueve cargos de asesinato por la masacre del miércoles. El viernes hizo una breve comparecencia ante un juez, y su próxima cita judicial no será hasta octubre.
Haley hizo sus declaraciones el viernes en el programa Today de NBC, aunque la gobernadora no tiene poder sobre el procesamiento o la condena de Roof.
El suministro de Carolina del Sur de pentobarbital, uno de los tres fármacos en la inyección letal en el estado, caducó en el 2013. El director de correccionales, Bryan Stirling, ha dejado claro a los legisladores que su agencia no puede comprar más, a pesar de tener 44 personas en el corredor de la muerte. Todos los intentos de adquirir dosis han fracasado, un problema al que se enfrentan estados de todo ese país.
Algunos intentan encontrar nuevos fármacos o nuevas fuentes para los medicamentos, porque las farmacéuticas han dejado de comercializarlos para ejecuciones y los farmacéuticos son reacios a exponerse a un posible acoso.
Stirling propuso este año una ley que mantendría en secreto la información de cualquier empresa o farmacéutico que proporcionara fármacos para ejecuciones, indicando que eso ayudaría a conseguirlos. Pero las propuestas se han atascado en ambas cámaras, y sus detractores instan a los legisladores a no aprobarlas.
El Tribunal Supremo está considerando la constitucionalidad del sistema de tres fármacos de las ejecuciones en Oklahoma, ya que los internos alegan que no provoca inconsciencia de forma fiable, y causa dolor y sufrimiento.
-Esperan aprobar fámaco-
El presidente del comité judicial de la Cámara estatal de Representantes, el republicano Greg Delleney, señaló que probablemente esperará a esa decisión antes de pedir a los legisladores que voten la propuesta, aunque Stirling señala que Carolina del Sur utiliza un cóctel de fármacos distinto.
Aun así, señaló Delleney, “No veo ninguna urgencia para adelantarse al Tribunal Supremo.”
A pesar de las docenas de internos condenados en el corredor de la muerte del estado, es probable que no haya ejecuciones hasta dentro de cinco años, indicó Emily Paavola, directora ejecutiva del Centro de Recursos y Defensa sobre la Pena de Muerte en Carolina del Sur, que cree que el proceso en el estado está lleno de problemas y pide su reforma. Paavola señaló que la única forma de acelerarlo sería que un interno condenado a muerte renunciara a toda apelación, lo que resulta improbable.
Los presos condenados a muerte pueden elegir electrocución, pero si un reo no quiere morir de ese modo, la agencia de prisiones no puede realizar una ejecución si no tiene los fármacos necesarios para una inyección letal, dijo Stirling.
Desde que la inyección letal se convirtió en una opción en 1995, sólo tres de las 39 personas ejecutadas han muerto electrocutadas.
Cuando las leyes sobre secreto para farmacéuticas se quedaron atascadas, el republicano Joshua Putnam, representante en la cámara estatal, propuso una medida que añadiría la muerte por pelotón de fusilamiento a los métodos aprobados. Si bien hay casos en los que la inyección letal no funcionó bien y causó dolor, dijo Putnam, “sabemos que por pelotón de fusilamiento no se siente nada.”
Pero el representante Joe Neal dijo que eso tenía poco sentido.
“No consigo pensar en un espectáculo más atroz que balear a alguien”, dijo Neal, un demócrata. “El que la gente sufra o no depende de la puntería de un tirador desconocido.”
La medida de Putnam también permitiría la ejecución por electrocución si el estado carece de los fármacos para la inyección letal. El mes pasado, el representante republicano Mike Pitts, ex policía, propuso una norma más directa. Ese texto eliminaría todas las referencias a la inyección letal, dejando la electrocución como único método.
Ninguna de esas medidas ha avanzado en las cámaras regionales. Pero podrían retomarse cuando se reanude la segunda parte de una sesión legislativa de dos años el próximo enero.
