Hernández Rodríguez, uno de los implicados en el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres el 3 de marzo del 2016 en el occidente de Honduras, fue capturado en una barbería del estado de Reynosa, donde estaba trabajando, dijo a periodistas el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) , Ricardo Castro.
Su captura fue posible tras un trabajo de varios meses coordinado con las policías de El Salvador, Guatemala y México, agregó.
Con Hernández Rodríguez suman ocho las personas detenidas hasta ahora por el asesinato de Berta Cáceres en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá, donde vivía.
El día de su muerte Cáceres dormía en su casa, donde además tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, quien resultó con una herida leve de bala en una oreja.
La dirigente ambientalista, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) , tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hasta ahora se desconocen los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cáceres, que causó conmoción a nivel nacional e internacional.
Según el titular de la ATIC, hay pruebas científicas de que Hernández Rodríguez sería el autor intelectual y material de la muerte violenta de Berta Cáceres, quien se oponía al desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras porque consideraba que causaría daños al ambiente en esa región.
Los otros siete detenidos en Honduras por el caso de Berta Cáceres son Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez Orellana, Mariano Díaz Chávez, los hermanos Emerson Eusebio y Edilson Atilio Duarte Meza, y el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona.
En el caso de Cardona, habría ampliado una licencia ambiental a favor de la empresa Desarrollos Energéticos que aumentaba de 17 a 21 megavatios la generación de energía, lo que no habría sido notificado a las comunidades que afectaría el proyecto, que está paralizado desde el asesinato de Berta Cáceres.
La familia de Cáceres ha venido exigiendo a las autoridades de Honduras la creación de un equipo internacional de expertos para la investigación de la ambientalista, porque no creen en el trabajo que desarrollan los cuerpos investigadores nacionales.
El Ministerio Público ha prometido que el caso de Berta Cáceres será investigado y castigados los culpables.