Entre ellos, identifica “el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila, la guerra entre el cártel del Golfo y los Zetas y la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad” de las instituciones.
Desde el 2010 el cartel del Golfo y de los Zetas, antiguo brazo armado del primero y formado en 1999 con militares desertores, se disputan amplios territorios del país.
El cartel de los Zetas es responsable de numerosas masacres, entre ellas la de 72 indocumentados en el municipio de San Fernando en agosto del 2010, de la que habla el informe.
El salario promedio mensual de un policía municipal en la región era en el 2011 de unos US$335 y los Zetas llegaban a dar a los cuerpos de seguridad entre US$1 mil 58, según el cargo que ostentaba y su complicidad con la banda delictiva.
“Ningún observador anticipó el nivel de salvajismo que significó la ejecución a sangre fría de 72 migrantes el 22 de agosto del 2010”, indica el documento de 307 páginas.
A los Zetas, acusados de cometer “crímenes de lesa humanidad” en una reciente investigación de la Open Society Justice Initiative (OSJI) , también se les involucra en la desaparición de un “número indeterminado” de personas en Allende, Coahuila, en marzo del 2011.
“Una versión muy extendida es que en Allende desaparecieron 300 personas. Es posible que así sea, pero el expediente (de la Fiscalía de Coahuila) solo tiene información sobre 42 desaparecidos” en un periodo de 14 meses, puntualiza.
En Allende hubo dos supervivientes: una niña de cinco años y otra de tres que fueron llevadas a una casa hogar por una policía integrada a los Zetas, y de ahí entregadas a unos parientes, señala el informe.
Esta historia refleja la elevada corrupción y la infiltración del cártel en las fuerzas de seguridad municipales.
Tanto en el caso de San Fernando, donde la Fiscalía general reconoció que la organización criminal “pagaba a la Policía”, como en Allende, donde un agente municipal llegó a asegurar que todos recibían dinero de los Zetas, “unos obligados y otros por gusto”.
“Una parte de los recursos obtenidos por los Zetas en Allende la dedicaban a la compra de la complicidad policiaca”, revela el estudio, que califica de “sorprendente” lo económico que resultaba tener “a su servicio una corporación” de seguridad.
Según desgrana el documento, el salario promedio mensual de un policía municipal en la región era en el 2011 de seis mil 324 pesos (US$335) , y los Zetas llegaban a dar a los cuerpos de seguridad entre 20 mil pesos (US$1 mil 58) y 500 pesos (US$27), según el cargo que ostentaba y su complicidad con la banda delictiva.
Aunado a ello, los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila tomaron posiciones distintas ante las tragedias.
El escrito denuncia que el tamaulipeco Egidio Torre Cantú y el gobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López (enero-diciembre del 2011) “evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de su Gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos”.
En tanto, Rubén Moreira, gobernador de Coahuila desde finales del 2011, “ha modificado lenguaje, leyes y políticas públicas”.
“Son avances en la dirección correcta que no ofrecen una solución integral” a las víctimas, afirma el escrito, que subraya que ha habido omisiones en las investigación.
Por todo ello, el Estado “no ha hecho la tarea” porque no cumplió “con sus obligaciones” hacia la ciudadanía, lo que “profundiza y amplía la fractura entre Estado y sociedad” , señala el documento, coordinado por el académico Sergio Aguayo y realizado por El Colegio de México a petición la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Es “urgente e indispensable” que el Estado “reestructure y mejore” las instituciones que atienden a víctimas de la violencia criminal, apunta.
“Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo” , cierra este informe sobre México, un país que acumula alrededor de 150 mil muertos y 27 mil 800 desaparecidos en la última década.
