“Hasta el momento hemos observado el cumplimiento muy satisfactorio del cese unilateral del fuego declarado por las Farc, lo que redunda en beneficio de la vida e integridad de las comunidades“, sostiene el Frente Amplio en un comunicado divulgado hoy.
Para realizar esta afirmación, la organización ha mantenido reuniones durante estos primeros nueve días con la Defensoría del Pueblo, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Iglesia católica.
Con ellos acordaron mantener un “diálogo permanente y acciones conjuntas” destinadas a “fortalecer el proceso de cese unilateral del fuego y hostilidades” así como una reducción de la intensidad del conflicto armado.
Al anunciar el cese el fuego unilateral e indefinido, que comenzó el 20 de diciembre, las Farc solicitaron una veeduría internacional y añadieron que en caso de continuar las operaciones militares contra ellos lo darían por terminado.
En respuesta, el Gobierno colombiano acogió con reticencias este comunicado pero no aceptó las condiciones de la guerrilla, pese a lo cual el cese el fuego comenzó en la fecha prevista.
Para mantener este alto el fuego y bajar la intensidad del conflicto, el Frente Amplio por la Paz, que aseguró ser optimista, insistió en que el cese debe transformarse en bilateral por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos “lo más pronto posible” .
Asimismo, junto al proceso de paz abierto con las Farc en La Habana hace poco más de dos años, solicitan el Ejecutivo que “inicie las negociaciones con las otras insurgencias colombianas“, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la que hasta el momento se han realizado diálogos exploratorios.
La izquierda colombiana anunció que entregarán “informes periódicos” para dar cuenta de su verificación, para lo cual colaborarán con “instancias nacionales e internacionales“.
Como verificadores, la guerrilla solicitó, además del Frente Amplio por la Paz, a la Unasur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), que posee gran experiencia en operaciones de liberación de secuestrados por el grupo armado.
La portavoz de este organismo en Colombia, Patricia Rey, explicó el pasado viernes que por el momento se “está evaluando la solicitud“, si bien destacó que para el Cicr “lo más importante es continuar haciendo el trabajo” que desempeña en Colombia desde hace más de 40 años, “proteger y asistir a la población civil“.
