Desde finales del 2014, Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la responsable de Educación Irene Ortega estaban siendo investigados por la organización de una consulta simbólica sobre la independencia el 9 de noviembre de ese año.
La votación, aunque no iba a tener efectos jurídicos, fue prohibida días antes por el Tribunal Constitucional pero se celebró igualmente gracias al impulso gubernamental y la colaboración de miles de voluntarios.
Unos 2.3 millones de personas sobre un censo aproximado de seis millones participaron en la consulta y un 80% votó por la independencia.
El juez instructor entiende que Mas “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional” siendo “plenamente consciente de que con ello quebrantaba el obligado acatamiento” a este tribunal.
La fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación en cargos públicos y nueve para las dos otras procesadas, Joana Ortega y Irene Rigau.
El departamento de Ortega, vicepresidenta del ejecutivo de Mas, fue responsable de toda la organización de la consulta mientras que Rigau, como responsable de Educación, permitió la apertura de escuelas para convertirse en centros de votación.
El juez instructor, en cambio, acuerda archivar el presunto delito de malversación, que querían incluir las acusaciones particulares reclamando hasta seis años de prisión para Mas.
El actual presidente catalán, Carles Puigdemont, pretende seguir los pasos de su antecesor convocando en septiembre del 2017 un referendo de autodeterminación con o sin el aval de Madrid, que tiene competencia exclusiva sobre la convocatoria de plebiscitos.
Pero a diferencia de entonces, quieren que la votación sea vinculante y, en caso de ganar el “sí” a la secesión, declarar la independencia de esta región nororiental.
