La decisión fue proferida por la jueza de fiscalización de la Sala de Ejecuciones Penales de Río de Janeiro, Daniela Barbosa Assuno de Souza, ante la negativa de Facebook, controlador de Whatsapp, de levantar el sigilo de personas que son investigadas por diferentes crímenes.
La magistrada también determinó la imposición de una multa de 50 mil reales (unos 15 mil 150 dólares) por cada día en que Facebook atrase la entrega de las informaciones solicitadas.
Según la jueza, Facebook se negó a atender una orden judicial tras ser notificado en tres oportunidades para que entregara a la Justicia copia de los mensajes intercambiados por personas que son objeto de una investigación bajo secreto.
“La jueza Daniele Barbosa bloqueó WhatsApp en todo el territorio nacional”, informó el portavoz de ese organismo.
En la decisión enviada a la AFP , Barbosa explica que bloqueó la popular aplicación ya que Facebook, su propietaria, rechazó facilitar información en una investigación policial.
La magistrada agregó que Facebook se limitó a informar que no archiva ni copia los mensajes de los usuarios de WhatsApp.
De Souza alegó que el servicio de intercambio de mensajes amenaza la seguridad debido a que los criminales ya no usan el teléfono para comunicarse sino Whatsapp, con la garantía de que la Justicia no tendrá acceso a sus comunicaciones.
En las dos ocasiones anteriores en que fue bloqueado por orden de un juez de primera instancia en Brasil, la aplicación igualmente fue acusada de negarse a obedecer órdenes judiciales para ofrecer informaciones sobre el contenido de conversaciones de sus usuarios.
La aplicación fue bloqueada por primera vez en diciembre del año pasado por orden de un juez penal de la ciudad de Sao Bernardo do Campo y solo volvió a operar 12 horas después por determinación de un tribunal de segunda instancia.
En mayo pasado, el bloqueo fue ordenado por un juez de Lagarto, una ciudad en el interior del estado de Piauí, y la determinación igualmente fue suspendida 24 horas después por un tribunal de apelaciones.
En las dos ocasiones la Anatel consideró las decisiones judiciales desproporcionadas por sancionar a los 100 millones de brasileños que usan el servicio.
