Por si se lo perdio: Cómo funciona la impresora 3D del guatemalteco Juan Carlos Noguera
Además, el acuerdo estableció que esos tutoriales de impresión están aprobados “para publicación de cualquier forma” y que el Gobierno estadounidense pagará los US$40 mil de honorarios legales en que incurrió Cody Wilson, el fundador del grupo en el centro de la polémica.
Para la organización Propietarios de Armas en EE.UU. (GOA, en inglés), este pacto significa “libertad y está acorde con la Segunda Enmienda” de la Constitución estadounidense, que protege el derecho a portar armas, explicó Jordan Stein, director de comunicaciones de este grupo.
“Los que odian las armas siempre quieren centrarse en sus usos ilícitos e ignoran la abrumadora cantidad del bien que hacen. De hecho, las armas de fuego se usan de 16 a 100 veces más a menudo para salvar vidas que para quitarlas”, argumentó Stein.
Uno de los grupos que ha presionado en las últimas semanas para que imprimir armas 3D en casa no sea legal ha sido el Centro Brady para Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego.
Su director legal, Jonathan Lowy, señaló que los principales problemas de estas armas son que no tienen número de serie, por lo que son “imposibles de rastrear” y que son de plástico, es decir, “indetectables” para los localizadores de metales de aeropuertos y edificios.
“Es obvio que dejar a cualquier persona -terroristas, maltratadores domésticos y gente inestable mentalmente- que descargue e imprima armas es muy peligroso y perturbador”, sentenció Lowy.
Los centros Brady y Giffords para Prevenir la Violencia de las Armas de Fuego y la organización Everytown for Gun Safety intentaron la semana pasada, sin éxito, que un tribunal de Texas bloqueara el acuerdo alcanzado entre Defense Distributed y el Gobierno.
Los esfuerzos para impedir que la impresión de armas sea posible en EE.UU. se redoblaron este lunes cuando los fiscales generales de ochos estados y del Distrito de Columbia demandaron a Trump por permitir que Defense Dsitributed publique sus manuales.
En su demanda, el grupo de fiscales liderado por el del estado de Washington, Bob Ferguson, instó a la Justicia estadounidense a que considere una orden de restricción temporal antes de mañana, 1 de agosto, cuando Defense Distributed publicará sus archivos en línea.
“Estas pistolas descargables no están registradas y son muy difíciles de detectar, incluso con detectores de metales, y estarán disponibles para cualquier persona independientemente de su edad, estado mental o antecedentes penales”, criticó Ferguson en su querella conjunta con otros responsables judiciales estatales.
En medio de la controversia, Trump consideró hoy que “no tiene mucho sentido” que poder imprimir armas 3D en casa esté a punto de convertirse en realidad, a pesar de que ha sido su Administración la que lo ha permitido.
“Estoy viendo (el tema de) las armas de plástico 3D que se venden al público. Ya he hablado con la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), ¡no parece tener mucho sentido!”, expresó Trump en Twitter, sin dar más detalles, a un día de que esta actividad se legalice en EE.UU.
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