“EE. UU. tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción sin distinción de nacionalidad, situación migratoria o cualquier otra condición social”, subrayó Gil Botero.
La comisionada Margarette May Macaulay, que presidió la sesión, instó a “encontrar el equilibrio adecuado y tener la voluntad política” para “resolver el problema” migratorio.
Representantes de diferentes asociaciones en favor de los derechos de los migrantes denunciaron ante la CIDH irregularidades en la gestión migratoria de Estados Unidos.
Según las organizaciones, EE. UU. no garantiza los derechos de los inmigrantes en los centros de detención donde los retiene y, además, devuelve a su país de origen a centroamericanos que huyen de la violencia y que, a su juicio, deberían considerarse refugiados.
“EE. UU. debería detener el actual proceso de deportación”, pidió la representante de Human Rights Watch (HRW) Clara Long.
Long destacó que “la mayoría de los inmigrantes provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala”, el Triángulo Norte centroamericano, una de las zonas más violentas del mundo debido al narcotráfico, las pandillas y la debilidad de las instituciones estatales, según los organismos humanitarios.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha intensificado las deportaciones desde enero, lo que ha provocado protestas de organizaciones en favor de los inmigrantes, que han pedido al presidente de EE. UU., Barack Obama, el fin de las redadas en una carta con más de 136 mil firmas, entre ellas las de congresistas y senadores.
Por eso, Michelle Brané, directora de la organización Derechos y Justicia para Inmigrantes, pidió a EE. UU. que “garantice el debido procedimiento” y “asegure el tratamiento humanitario” para que “inmigrantes recién llegados elegibles para acogerse como refugiados” conozcan y ejerzan sus derechos.
La “detención masiva” de inmigrantes, a menudo mujeres y niños, se produce en centros con “carencias en la atención de salud” , señaló Denise Gilman, codirectora de la organización Immigration Clinic.
“La presunción de inocencia se debería aplicar” y solo se debería retener a personas con “peligro real de que no se presentaran a las audiencias” , lo que no es el caso de las familias que los procedimientos actuales “rompen”, apuntó Gilman.
Además, Sarah Paoletti, de Penn Law Transnational Legal Clinic, denunció la falta de una “dieta saludable”, ya que la alimentación en los centros de detención consiste únicamente, según ella, en comida rápida a base de salchichas y hamburguesas.
En respuesta a la exposición de las organizaciones, el representante de la misión de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Michael J. Fitzpatrick, reconoció que “este es un momento crítico para los ciudadanos centroamericanos” y que EE. UU. “tiene que tomar medidas” respecto a la llegada de inmigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica.
Asimismo, el representante de EE. UU. consideró que “no es un tema” que su país “pueda resolver por sí solo”, sino que requiere “voluntad política” por parte de los países emisores de migrantes.
“Nuestra estrategia está diseñada para ser exitosa a largo plazo”, añadió Fitzpatrick, que recordó que su país ha aumentado el presupuesto destinado a inmigración.
La subsecretaria adjunta para Política Migratoria del Departamento de Seguridad Nacional, Mary Giovagnoli, dijo estar “de acuerdo con los peticionarios en que se debe “hacer más“respecto a estos problemas”.
“Nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal, vamos a seguir reforzando nuestra seguridad”, agregó Giovagnoli.
