Organizaciones de la sociedad civil denunciaron hoy ante la CIDH que el Estado salvadoreño haya recurrido a medidas “represivas y populistas” para afrontar la crisis de seguridad y el aumento de la violencia en el país.
Los defensores de derechos humanos fueron muy críticos con el plan del Gobierno “El Salvador seguro”, al considerar que solo se enfoca en la persecución penal del delito y no prioriza la prevención ni la atención a las víctimas.
Denunciaron así una participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, que ha pasado de 897 efectivos en el 2006 a 13 mil hoy en día, según cifras que atribuyeron al Gobierno.
“En ese mismo periodo hubo un incremento de denuncias de violaciones de derechos humanos que el Estado no ha investigado e incluso a encubierto”, aseguró Valentina Ballesta, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Las organizaciones pidieron al Gobierno investigar a los responsables de violaciones de derechos humanos, depurar la corrupción en la Justicia, la retirada progresiva de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y el fortalecimiento de la Policía nacional.
A la CIDH, los defensores reclamaron que “enfatice” su preocupación por la “impunidad” ante las violaciones de derechos humanos y “la estigmatización” de los jóvenes salvadoreños, y reitere al Gobierno salvadoreño la recomendación de no usar las Fuerzas Armadas para labores de seguridad.
El canciller Salvadoreño, Hugo Martínez, se mostró abierto a una visita de la Comisión para que “vean lo que está sucediendo y contrasten la información” presentada por las organizaciones.
Martínez reafirmó el “compromiso” del Gobierno con el respeto de los derechos humanos y subrayó que el gesto de enviar a un canciller a las sesiones de la CIDH, algo muy inusual, denota el interés del Estado por cumplir con los estándares internacionales.
“El Gobierno está comprometido con el pleno respeto a los derechos humanos pero tiene un compromiso claro de enfrentar con todos los recursos legales a su alcance las acciones criminales de grupos que atentan contra los derechos de un gran número de la población”, afirmó.
El canciller señaló que “nunca antes” el país había enfrentado una “violencia de la crueldad y barbarie de la de los grupos criminales organizados” hoy en día.
El comisionado Gil Botero pidió asegurar que “el plan El Salvador seguro no se vaya a salir del cauce”, y recordó que existe una preocupación entre las organizaciones por que se “busque generar un estado de excepción”.
El canciller salvadoreño aseguró que “no se está implementando un estado de excepción” y no se implementará en el futuro.
“Estamos de acuerdo en que ese es el último recurso del país y el presidente ha sido claro en que no lo hará”, afirmó.
“La participación de las Fuerzas Armadas es temporal y estamos de acuerdo en que se deben ir retirando a medida que se vaya controlando la situación, todos estamos claros en que es una situación excepcional”, agregó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, agradeció la presencia del canciller y “el mensaje que eso implica”, y propuso que la relatora para El Salvador, la comisionada Margarette May Macaulay, viaje al país centroamericano y presente allí el informe sobre la niñez para ofrecer orientación.
El canciller aceptó esa visita, que técnicamente no es una visita de la CIDH sino de una de sus Relatorías (la de los derechos de la niñez) y, por tanto, no tiene necesariamente que producir un informe sobre derechos humanos.
La Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos y con sede en Washington, celebra esta semana 50 audiencias de 20 países del continente para analizar la situación de los derechos humanos en el marco de su 157 periodo de sesiones.
