El pasado 8 de marzo, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue declarado culpable de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de la Corte de Distrito Sur de Nueva York y arriesga pasar en prisión el resto de su vida. La sentencia será dictada el 26 de junio, según la Fiscalía.
El abogado “Renato Stabile en representación de Juan Orlando Hernández solicitó un nuevo juicio” invocando normas federales estadounidenses, dijo García en un comunicado divulgado en Honduras.
La solicitud fue presentada el viernes por Stabile ante el mismo tribunal que condenó al exmandatario, confirmó en Nueva York la AFP.
Uno de los argumentos para pedir anular el juicio es que una analista de la agencia antidrogas de estadounidense DEA supuestamente “engañó al jurado al testificar que el tráfico de cocaína a través de Honduras incrementó durante la presidencia” de Hernández.
“La Fiscalía sabía o debería haber tenido conocimiento de este falso testimonio antes de la conclusión del juicio y no lo corrigió, por lo que la condena debe anularse”, aseguró García, quien anunció recientemente que buscará ser candidata presidencial en los comicios hondureños de 2025.
Afirmó que “el volumen de cocaína que pasó por Honduras a Estados Unidos disminuyó el 40% desde 2014” y también el número de aviones sospechosos de transportar droga “disminuyó aproximadamente 30%, a 35 en total” en 2016 con relación al 2015.
Además, argumentó que es el juicio contra JOH -como se conoce a Hernández por sus iniciales-, debió desarrollarse en el “Distrito Sur de Florida, que fue el distrito al que fue llevado por primera vez [al hacer el avión una escala en ruta su hacia Nueva York] al ser extraditado de Honduras”.
Hernández fue extraditado el 21 de abril del 2022, tras ser detenido semanas después de entregar el poder a la actual presidenta, Xiomara Castro.
La Fiscalía sostuvo en el juicio que la red a la que JOH protegió desde la presidencia habría enviado más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos y a cambio Hernández habría recibido millones de dólares de los cárteles de la droga.
El 18 de marzo, la Fiscalía de Honduras pidió a la justicia confiscar 131 bienes “de origen ilícito” de Hernández, su esposa y otros familiares. Son 32 inmuebles, 19 empresas y 80 productos financieros (cuentas bancarias o depósitos) sobre los que existía un embargo precautorio desde 2022.
