La actual política migratoria de Trump se sustenta en distintos anuncios y medidas: levantar un muro en la frontera de México; la supresión de programas de protección, concedidos por razones humanitarias; la aplicación de un impuesto sobre las remesas que los inmigrantes envían, que contribuyen de manera notable a las economías de sus lugares de origen; y la expulsión de los miembros de las maras que actúan en Estados Unidos.
“La primera medida antiinmigración se anunció en septiembre de 2017 con la decisión de no renovar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés)”, apunta Pastor.
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Este programa, detalla, había permitido regularizar a los niños, de forma temporal, que entraron ilegalmente en EE. UU. Son los conocidos “dreamers” (soñadores).
“En cuanto a las maras (pandillas), tanto el presidente Trump como el fiscal general, Jeff Sessions, están llevando una estrategia coordinada de acusar a la Salvatrucha de atentar contra la seguridad pública y amenazan con deportaciones masivas de sus miembros”, agrega la experta.
Pastor recuerda que “entre 1996 y 2002 fueron expulsados cerca de 31 mil delincuentes con condena a Centroamérica, de ellos 12 mil a El Salvador”, donde encontraron un Estado frágil, en fase de recuperación de una guerra civil que asoló el país, y que los pandilleros aprovecharon para fortalecer sus estructuras y convertirse en la amenaza a la seguridad que son hoy día.
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“Estos grupos se expandieron de Los Ángeles a otras ciudades de EE. UU. con poblaciones de inmigrantes considerables; lo que provocó que un problema inicial de unos cientos de pandilleros terminó convertido en la existencia de 10 mil miembros de la Salvatrucha en Estados Unidos y un aumento de 30 mil en Centroamérica”, añade.
La analista del IEEE advierte de que “la deportación de estos delincuentes supondrá una desestabilización de los países centroamericanos, especialmente si tenemos en cuenta la desproporción que suponen los 10 mil miembros de las maras en Estados Unidos con una población de 323 millones de habitantes, frente a los 60 mil pandilleros que se estima existen en El Salvador, un pequeño país de 6.5 millones de habitantes”.
