Los demandantes están encabezados por la Fundación Presidente Allende y representan a más de 20 mil víctimas de la dictadura de Pinochet. El esfuerzo jurídico se concentra en los fondos que se cree que fueron expropiados por Pinochet y sus allegados y transferidos a cuentas personales en el extranjero, en lo que los demandantes dicen que fueron también actos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Se eligió a España para la causa jurídica porque ha sido pionera en los esfuerzos realizados en las últimas tres décadas para que los autócratas de todo el mundo rindan cuentas por sus crímenes en jurisdicciones distintas a las de sus propios países.
Aunque Pinochet murió bajo arresto domiciliario en Chile en 2006 sin llegar a ser juzgado, fue detenido en el Reino Unido en 1998 por orden de Baltasar Garzón, un juez español, que luego no logró convencer al gobierno británico de que lo extraditara a Madrid. En cambio, el Reino Unido le permitió regresar a su país debido a su mala salud. En 2011, una comisión chilena que investigó las torturas, los secuestros, los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos durante la dictadura del general identificó a más de 40.000 víctimas.
Durante años, el Banco de Chile había argumentado con éxito que era Chile y no España quien tenía la jurisdicción para investigar sus operaciones relacionadas con Pinochet. Pero, en Chile, la justicia cerró en 2013 una investigación por lavado de dinero sin imputar al general ni a nadie. Según un estudio comisionado por la Corte Suprema de Chile, solo US$2 millones de los US$21 millones identificados como fortuna personal de Pinochet pudieron ser contabilizados como dinero limpio.
Al final, en 2018, la Corte Suprema de Chile ordenó la restitución de US$1.6 millones de los bienes de Pinochet, además de condenar a tres de sus generales por fraude vinculado con fondos públicos. El Banco de Chile nunca fue acusado en Chile por lavado de dinero, pero pagó US$3.1 millones a las autoridades chilenas en 2009 por irregularidades administrativas relacionadas con el dinero de Pinochet.
Los demandantes esperan conseguir en España un resultado al menos comparable al alcanzado en Estados Unidos, donde el Riggs Bank aceptó en 2005 pagar una multa de casi US$9 millones. Esto permitió al banco evitar el procesamiento por no informar de las transacciones que incluían dinero transferido a las cuentas bancarias de Pinochet. Esto se produjo tras una investigación del Senado estadounidense que también determinó que el Banco de Chile estaba entre los bancos que ayudaron a Pinochet a acceder al mercado bancario estadounidense.
En el informe en el que explica porque reabriría la causa, la corte española dijo que el Banco de Chile debía reservar US$103 millones para cubrir el posible pago que las víctimas del régimen de Pinochet están reclamando. Sin embargo, el juez español que conoce la causa aún no ha ordenado al banco que deposite esta fianza. La cantidad se basa en las conclusiones de la fiscalía española en 2009 tras investigar el presunto lavado de dinero de Pinochet.
El Banco de Chile está representado en España por Cuatrecasas, uno de los mayores bufetes de abogados españoles. Ninguno de los dos respondió a las preguntas en busca de comentarios.
Juan Garcés, un abogado español que representa a los demandantes, dijo que si el banco se negaba a cooperar con la investigación, que incluye una orden de fianza anticipada, el siguiente paso sería conseguir que el poder judicial español utilizara acuerdos bilaterales para obligar a los fiscales de otros países a congelar los activos propiedad del banco. El pasado mes de diciembre entró en vigor una ley de la Unión Europea destinada a mejorar la cooperación judicial contra la evasión fiscal y el lavado de dinero.
Según su última declaración ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, el año pasado, el Banco de Chile tenía depósitos en una docena de países, entre ellos seis de la Unión Europea: Francia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia y los Países Bajos.
El Banco de Chile es propiedad mayoritaria de Quiñenco, la sociedad controladora de la familia Luksic, que figura entre las más ricas de Chile. El presidente del banco, Pablo Granifo Lavín, es uno de los acusados en el caso. El Banco de Chile cerró su filial en Nueva York tras verse envuelto en la investigación del Riggs.
La Audiencia Nacional española reabre el caso, que llevaba ocho años suspendido, tras concluir que la justicia chilena no investigó a fondo las acusaciones de expropiación de patrimonio que se han hecho contra Pinochet. Los tres jueces de la Audiencia Nacional de España escribieron en su dictamen que los hechos tenían que seguirse investigando, en una decisión que rechazó el recurso del Banco de Chile contra la reapertura del caso en España. La decisión fue notificada a la Corte Suprema de Chile el 8 de julio.
La fundación que inició la causa lleva el nombre de Salvador Allende, el presidente de izquierda que murió durante el golpe militar de 1973 que lo derrocó.
La decisión del tribunal es en sí misma una victoria para los demandantes contra el Banco de Chile, ya que el banco había estado “intentando durante años engañar a los jueces españoles para convencerlos de que sus actividades podían ser investigadas de manera apropiada en Chile”, dijo Garcés. “Tenemos pruebas muy sólidas que nos hacen confiar en que finalmente podremos condenar a quienes ayudaron al dictador a lavar su dinero”.
