“Las organizaciones dedicadas al narcotráfico siguen ampliando sus operaciones, que han llegado a abarcar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres”, señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe de drogas del año 2023.
Ese organismo de la estructura de la ONU denuncia que el nexo entre el narcotráfico, los crímenes medioambientales y delitos como la extorsión, el fraude, el trabajo forzado o los homicidios genera un fenómeno de “narcodeforestación” que amenaza a la selva y a sus habitantes, especialmente a los pueblos indígenas.
La JIFE denuncia que son víctimas de desplazamientos forzados, envenenamiento por mercurio y una mayor exposición a la violencia.
En su informe, se menciona, por ejemplo, que en Ecuador, el deterioro del medioambiente y la degradación de los recursos naturales por el cultivo de coca y la producción de cocaína amenazan ciertos medios de subsistencia en la frontera septentrional con Colombia, como la recogida de moluscos y la pesca de cangrejos.
“Esa situación podría empujar a las poblaciones vulnerables de la zona a participar en la economía ilícita, por ejemplo practicando el contrabando de cocaína o de gasolina subvencionada (que se utiliza para fabricar cocaína) para los traficantes de cocaína en el departamento de Nariño (Colombia)”, señala la JIFE.
En los Andes la expansión del cultivo ilícito de coca ha causado una importante deforestación, la degradación del suelo y pérdida de diversidad de flora y fauna.
Igualmente, en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú se concentra una intensa actividad ilícita de deforestación, impulsada por el comercio ilegal de madera y por el narcotráfico.
En América Central o en México, el cultivo o el tráfico de drogas convergen también con la tala ilegal o el comercio de fauna o flora silvestres.
De hecho, la JIFE indica que hay estudios que apuntan a que el narcotráfico en Centroamérica puede promover la deforestación mediante prácticas ilegales de control del capitales y de la propiedad de la tierra que generan un daño medioambiental incluso mayor que el de la actividad directa de las redes de narcotráfico.
