Y para 2030, la demanda mundial esperada de agua dulce será un 40% superior a la oferta. Los países más deficitarios serán los de menos recursos, con jóvenes poblaciones en rápido crecimiento.
Según el informe, “es probable que nuevos conflictos aparezcan a medida que se extrae más agua de cada vez más ríos del mundo hasta el punto que no llegan al mar”.
El informe destacó que uno de los mayores problemas es la rampante corrupción en el desarrollo de infraestructuras acuíferas y sanitarias, que es de tal magnitud que un 30 % de la financiación destinada a desarrollar recursos de agua es desviada a otros fines.
“En muchos lugares del mundo, la corrupción está provocando una hemorragia de recursos financieros escasos que podrían y deberían estar disponibles para eliminar la pobreza y apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la ONU), particularmente los relacionados con el agua”, dijo el informe.
“La corrupción no es sólo un acto criminal. En el contexto del desarrollo sostenible podría ser visto como un crimen contra la humanidad”, añadió el informe titulado “Water in the World We Want”.
El director de INWEH, Zafar Adeel, declaró que “el impacto de la corrupción en el agua es más inmediato y visible porque afecta a las vidas y salud de la población. Hay una relación directa entre la falta de condiciones de salubridad y agua potable y las muertes infantiles por diarrea en países en desarrollo”.
El informe recomienda que “los Gobiernos y todos los sectores económicos deben erradicar la corrupción mediante el establecimiento e implementación de protocolos anticorrupción claros y definidos, con consecuencias graves cuando estos sean violados”.
Los autores del informe, que analizaron la situación en diez países de todo el espectro económico, entre ellos Bolivia, para redactar “Water in the World We Want”, también dijeron que las subvenciones que reciben sectores como el energético y el agrícola tienen que ser dirigidas al desarrollo de recursos de agua.
Y añadieron que el sector energético tiene que responsabilizarse por desperdiciar actualmente los recursos hídricos.
“La retirada de subsidios dañinos e improductivos, incluidos los otorgados a las compañías petrolíferas así como gas y carbón por la increíble cantidad de US$1.9 billones de dólares al año, liberaría recursos públicos”, señala el documento.
Corinne J. Schuster-Wallace, una de las autoras del informe, dijo que la transferencia de esos subsidios ayudaría a conseguir entre 1,2 y 2,4 billones de dólares al año necesarios para construir las infraestructuras acuíferas y servicios sanitarios que satisfagan las demandas de la población.
“Lo que se necesita es un nuevo juego de prioridades de los sectores que necesitan inversiones. La cantidad de dinero disponible es limitada. La redistribución de las subvenciones al sector energético es una herramienta más que necesaria para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, resaltó.
Schuster-Wallace reconoció, asimismo, que tanto el sector energético como el agrícola tienen un gran poder de influencia sobre Gobiernos tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo por lo que la eliminación de los subsidios no será fácil.
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