El Salvador, con la reciente reforma al Código Penal que amenaza con cárcel a los reporteros que informan sobre las pandillas, es el último ejemplo de una tendencia que se ha replicado en Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Las regulaciones que limitan la libertad de expresión en América Latina, selladas por legislativos donde existe poca pluralidad política, guardan elementos en común y demuestran una tendencia autoritaria que va más allá de las distintas ideologías de los gobiernos que las erigen, señalaron analistas consultados por la VOA.
“Cuando en algunos gobiernos la prensa libre comienza a ser silenciada, otros líderes que estaban buscando un escape a la crítica toman nota de otros que ya han recorrido ese camino para silenciar a los medios”, comenta Carolina Jímenez, directora de la Oficina de Washington Para Latinoamérica (WOLA).
La polémica reforma al Código Penal en El Salvador, aprobada a mediados de abril por el gobierno de Bukele, hizo sonar las alarmas en organizaciones para la libertad de prensa y los derechos humanos, que la calificaron como una legalización de la censura.
La reforma castiga con hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren o reproduzcan “mensajes, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” y prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes originados por “grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico” en la ciudadanía.
Esa ley de El Salvador guarda similitudes con leyes aprobadas en los últimos años en Nicaragua y Venezuela, que también criminalizan el discurso público y de los medios.
En el 2020, Nicaragua aprobó la Ley especial de Ciberdelitos, bajo la cual han sido acusadas unas 10 personas desde que entró en vigencia e incluye penas de dos a ocho años de prisión para quienes el gobierno considere que “propagan noticias falsas” o divulguen información confidencial de las instituciones del estado o el acceso no autorizado a las páginas web del gobierno, entre otros.
En Venezuela, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en el 2017, ha sido utilizada en los últimos años para hostigar a opositores, activistas y periodistas. En su artículo 20, esta ley sostiene que quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia públicamente será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
Tanto en Venezuela como en Nicaragua, estas leyes han sido utilizadas para criminalizar el discurso en redes sociales y han llevado ante la justicia a ciudadanos por expresar sus opiniones en línea.
Para León Hernández, profesor de investigador en temas de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, las leyes o reformas pasadas en los tres países buscan aplicar la censura.
“Se trata de silenciar mensajes y comunicación contraria a los intereses de una élite en el poder, para evitar contradicciones con la propaganda oficial”, dijo el académico a la Voz de América.
La estrategia que han seguido estos gobiernos, señaló León, es usar una excusa de censura “aparentemente positiva” y con el presunto objetivo de salvaguardar la seguridad pero que viola “los derechos comunicacionales”.
Estos intentos por restringir la libertad de expresión no están ligados a una ideología concreta, aseguran los expertos.
“La censura ilegítima, arbitraria, ni está casada con un solo tipo de ideología, ni puede defenderse a rajatabla desde ideología política alguna”, argumentó León.
Jímenez, de WOLA, quien ha trabajado durante años en temas de derechos humanos, lo ve como un asunto ligado al autoritarismo.
“Los autoritarismos no son ideológicos, independientemente de lo que ellos digan”, dijo.
Para la experta, en la región existe una pugna entre los gobiernos que intentan promover valores democráticos y otros que “instalan prácticas autoritarias como forma de ejercer la política”.
Eliseo Núñez, analista político y jurista nicaragüenese, comparte esa opinión. “Es un tema de autoritarismo”, dijo a la VOA, pero señaló que, en el caso de Venezuela y Nicaragua, la implementación de estas leyes está relacionada con los lazos que tienen estos países con Rusia.
El gobierno ruso también tiene leyes que limitan la libertad de expresión en el ciberespecio y que, como nota Núñez, guardan similitudes con las normas emitidas por los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
Desde el 2012, el Parlamento ruso ha adoptado una serie de leyes que restringen la libertad de expresión, en particular castigando la “expresión extremista”. Según Humans Rights Watch, entre el 2014 y el 2016, aproximadamente el 85% de las convicciones por expresión extremista estaba relacionadas con discurso o expresión ciudadana en internet.
Más recientemente, a principios de marzo de este año, el Parlamento ruso aprobó una ley que condena hasta con 10 años de cárcel la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso y su papel en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Núñez asegura que las leyes del gobierno de Ortega en Nicaragua “fueron prácticamente adaptadas de la legislación rusa”. En particular, asegura, la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros.
Esta última es conocida como ‘Ley Putin’, por las similitudes que guarda con la legislación aprobada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que controla la presencia de organizaciones internacionales y que reciben financiación extranjera en el país.
La ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua ha sido utilizada por el gobierno de Ortega para cerrar, desde el 2018, aproximadamente 60 organismos no gubernamentales que operaban en el país.
En Venezuela, en abril del 2021, el gobierno aprobó una norma que obliga a las ONG a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, donde estarán expuestos a la fiscalización de sus listas de donantes, movimientos financieros, actas constitutivas, beneficiarios y socios.
El presidente Bukele en El Salvador buscó también por su parte aprobar en el parlamento una ley de agentes extranjeros, que fue ampliamente criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero que no fue aprobada por el legislativo.
Para Jiménez es muy difícil “determinar qué país se copia de quién” y señaló que los retrocesos en material de libertad de expresión y el ataque contra los medios “son parte de un problema mayor de erosión democrática que está viviendo América Latina”.
El gobierno cubano, que mantiene un férreo control de los medios de comunicación desde que los hermanos Castro llegaron al poder en 1959, prohíbe el discurso que no sea afín con el oficial y castiga con cárcel a quienes se atrevan a expresarse en contra.
Tras las protestas del 11 de julio del 2021, en las que las redes sociales jugaron un papel fundamental, las autoridades cubanas limitaron el acceso a internet, al tiempo que acusaron a grupos de interés y al gobierno de Estados Unidos de usar redes sociales para alentar manifestaciones ficticias.
Con el Decreto-Ley 35, el gobierno cubano tipificó los delitos cibernéticos como acciones de alta peligrosidad. La legislación castiga la “divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, y difamación con impacto en el prestigio del país”, lo cual ha sido señalado como un instrumento de censura.
Periodistas independientes han calificado el decreto como una “ley mordaza” y Human Rights Watch lo ha calificado como un “ataque a la libertad de expresión”.
