En un vecindario residencial, era el primer día que el centro volvía a ofrecer su servicio sin previa cita desde que el coronavirus lo obligó a cerrar sus puertas la primavera de 2020. “Me alegra mucho que hayan vuelto a abrir”, le comentó el hombre, de nombre Jordan, a un voluntario que le entregó una bolsa de papel mientras de fondo se escuchaba heavy metal en un altavoz. Pidió más naloxona para unos amigos de su condado rural, a una hora de camino, pues, según comentó, había escaseado a lo largo de la pandemia.
Las muertes por sobredosis aumentaron casi un 30 por ciento durante el periodo de doce meses que terminó en noviembre, a más de 90 mil, de acuerdo con datos federales preliminares que se divulgaron este mes, lo cual sugiere que en 2020 se rebasaron los récords recientes de ese tipo de muertes. Hay muchos factores que contribuyeron al impactante incremento durante la pandemia, entre ellos los desalojos y pérdidas de empleos generalizados, el reducido acceso a tratamientos para adicciones y a la atención médica, así como un suministro de drogas ilegales que se volvió todavía más peligroso después de que, en esencia, el país se encerró.
Sin embargo, para la gente que batallaba con adicciones y otros problemas de salud mental, el aislamiento forzado tal vez haya sido uno de los principales. Ahora, con la reapertura del país, el gobierno del presidente Joe Biden está respaldando la polémica estrategia que sigue este centro, conocida como reducción de daños. En vez de ayudar a los consumidores de drogas a lograr la abstinencia, la meta principal es reducir el riesgo de muerte o el contagio de enfermedades infecciosas como el VIH al darles equipo esterilizado, herramientas para buscar fentanilo y otras sustancias letales en sus drogas e incluso un espacio seguro para tomar una siesta.
Esos programas han estado bajo ataque durante años porque facilitan el consumo de drogas, pero el presidente Biden ha convertido los esfuerzos de reducción de daños en una de las prioridades de su política en torno a las drogas: el primer presidente en hacerlo. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense incluye 30 millones de dólares tan solo para servicios con el enfoque de reducción de daños basado en evidencia, la primera vez que el congreso ha aprobado fondos para ese propósito en específico. Aunque es modesto, el financiamiento es una victoria para los programas, tanto a nivel sistémico como práctico, pues a menudo cuentan con presupuestos escasos.
“Es una señal enorme reconocer que no todas las personas que consumen drogas están listas para un tratamiento”, opinó Daliah Heller, directora de iniciativas para el consumo de drogas en Vital Strategies, una organización mundial especializada en salud pública. “Los programas de reducción de daños dicen: ‘Está bien, consumes drogas. ¿Cómo podemos ayudarte para que, primero que nada, te cuides y estés sano y salvo?’”.
Aunque durante la pandemia algunos programas como este, dirigido por la Unión de Sobrevivientes de Carolina del Norte, lograron continuar con el suministro de insumos —desde el otro lado de una ventanilla, para recoger en las aceras o incluso por medio del correo postal—, casi todos dejaron de invitar al interior a los consumidores de drogas. Muchos clientes, como Jordan, dejaron de venir, con lo cual perdieron una red de seguridad confiable.
Algunos de los clientes regulares del centro de Greensboro han muerto o desaparecido. Muchos perdieron su casa o su trabajo. Al mismo tiempo, el centro se ha inundado de nuevos clientes y ahora tiene problemas para tener a la mano el suministro necesario.
“La cantidad de dificultades que está teniendo la gente en este momento, irreconocible e ignorada, es muy grave”, comentó Louise Vincent, directora ejecutiva de la Unión de Sobrevivientes de Carolina del Norte.
No obstante, muchos funcionarios electos y muchas comunidades se siguen resistiendo a equipar a la gente con insumos para consumir drogas, entre ellos la reciente incorporación de tiras reactivas para revisar las drogas por si hubiera la presencia de fentanilo fabricado de manera ilegal, una sustancia que aparece en la mayoría de las muertes por sobredosis. Algunas personas aseguran que las jeringas de los programas de reducción de daños terminan ensuciando vecindarios o que los programas causan un aumento del crimen. Ambas aseveraciones han sido refutadas por investigadores.
Virginia Occidental acaba de aprobar una ley que dificulta más la operación de los programas que ofrecen servicio de jeringas, aunque está sufriendo un incremento de casos de VIH por consumo de drogas intravenosas. En la primavera pasada, la legislatura de Carolina del Norte evaluó una propuesta similar y, este mes, funcionarios electos del condado de Scott, Indiana, donde el remplazo de jeringas sirvió para detener un importante aumento en los casos de VIH hace seis años, votaron para suspenderlo. Mike Jones, un comisionado que votó para ponerle fin al programa, en ese momento expresó su temor de que la distribución de jeringas pudiera contribuir a las muertes por sobredosis.
“Conozco a alcohólicos y no les compro una botella de whisky”, comentó. “Y conozco a gente que quiere suicidarse y no le compro una bala para su arma”.
Durante la primavera pasada, Vincent, cuya propia adicción a los opioides se originó en una larga lucha con el trastorno bipolar, regresó por un tiempo a consumir drogas ilegales. Ella comentó que tras un cambio infructuoso de la metadona a otro medicamento, la buprenorfina, con el fin de quitarse el deseo por consumir, estaba ansiosa por mantener a raya el síndrome de abstinencia. Después se enteró de que la pequeña cantidad de fentanilo que consumía estaba mezclada con xilacina, un sedante para animales que puede provocar purulentas úlceras en la piel. Terminó en el hospital, con un nivel de hemoglobina tan bajo que requirió una transfusión de sangre.
El año pasado, el condado donde se ubica Greensboro, la tercera ciudad más grande del estado, tuvo 140 sobredosis fatales, una cantidad superior a las 111 del año anterior. Las cifras no incluyen a las personas que murieron de infecciones causadas por inyectarse drogas, entre ellas el prometido de una mujer que, cuando caía la noche el día de la reapertura, llegó a pie al centro llamando a Vincent a gritos: “¿Dónde está Louise?”.
Conoció a Vincent hace seis años cuando eran pacientes en una clínica de metadona e iba al centro con frecuencia en busca de jeringas y naloxona. Ella y su prometido habían intentado dejar las drogas durante la pandemia, temerosos de los nuevos y extraños adulterantes que aparecían en el suministro. Sin embargo, su prometido comenzó a tener fiebres altas en diciembre y fue ingresado a la sala de cuidados intensivos de un hospital, con un padecimiento grave de endocarditis, una infección en las válvulas del corazón que puede ser resultado de inyectarse drogas. Murió justo antes de Navidad.
“¿Tendrán una reunión esta noche?”, le preguntó la mujer a Vincent, para referirse a los grupos de ayuda que se juntaban en el centro varias veces a la semana antes de la pandemia.
“Van a empezar pronto”, le aseguró Vincent. “Permanecer en contacto es mucho más importante de lo que cualquiera de nosotros pensaba”.
