“Se completan las firmas de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en fallo de segunda instancia en expediente de extradición que relaciona al exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado”, indicó el Supremo hondureño en un mensaje en Twitter.
Agregó que en “las últimas horas estamparon su firma (los) últimos dos magistrados que tenían compromisos fuera del país”.
La Sala Constitucional “Ad Hoc” del Supremo declaró el 7 de abril “inadmisible” el último recurso de amparo presentado por la defensa de Hernández, de 53 años, en un nuevo intento por evitar su extradición a Estados Unidos.
Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ratificaron el 28 de marzo la extradición del exgobernante que había autorizado en primera instancia el 16 del mismo mes un juez natural designado para conocer sobre la petición.
El pasado 14 de febrero, Estados Unidos solicitó al Gobierno de Honduras el “arresto preventivo”, con fines de extradición, de Hernández, quien fue capturado un día después en su domicilio en Tegucigalpa.
¿Qué falta ahora?
El portavoz del Supremo hondureño, Melvin Duarte, dijo este martes a periodistas que el siguiente paso es enviar la documentación del caso al juez de extradición de primera instancia, quien será el encargado de “ordenar la entrega” de Hernández a EE. UU.
Después seguiría el trámite con las autoridades estadounidenses para proceder con la extradición, según el auto acordado.
Hasta ahora las autoridades hondureñas no han precisado la fecha en que sería extraditado Hernández, quien gobernó Honduras durante ocho años (2014-2022), pese a que la Constitución no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.
El Supremo hondureño recibió en la víspera un recurso de apelación sobre el fallo de extradición del exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla Valladares, quien es reclamado por EE. UU. por narcotráfico y uso de armas, delitos que involucran al expresidente Hernández.
La apelación fue presentada por la defensa de Bonilla Valladares, que fue acusado en abril de 2020 y solicitado por EE. UU. en mayo de 2021 por dos cargos relacionados con el narcotráfico y uso de armas, por lo que podría enfrentar en EE. UU. un máximo de cadena perpetua.
Es acusado de participar en una conspiración para importar cocaína a EE.UU., usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas, y usar y portar armas de fuego para promover la conspiración de importación de cocaína, según la petición.
El exdirector policial, que ejerció el cargo entre 2012 y 2013, fue capturado el pasado 9 de marzo al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras, y permanece detenido en un batallón militar.
