“Estoy poniendo en conocimiento de los imputados que estos delitos comunes también tienen la connotación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo el juez titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera (noreste), Jorge Guzmán.
El juzgador señaló durante una audiencia que dicha decisión se basa en una resolución que emitió en diciembre de 2018, en la que declaró a la masacre como un crimen de guerra y de lesa humanidad.
De acuerdo con el abogado de los sobrevivientes y director de Litigio Estratégico de la organización derechos humanos Cristosal, David Morales, este es un hecho inédito en la historia reciente del país centroamericano.
Morales, también exprocurador de Derechos Humanos, explicó que es el primer caso del que tiene información en el que los delitos son elevados a la referida categoría, con lo que se vuelven imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
A la referida audiencia se presentaron 12 imputados, entre ellos el exministro de la Defensa Guillermo García, mientras que cuatro se ausentaron por razones de salud y uno falleció recientemente.
Entre la docena de militares que llegó a la sede del referido tribunal se encontraba el exjefe de operaciones de la Fuerza Armada Gabriel Contreras, quien fue incluido al proceso en la audiencia.
La misma sirvió para imputar a los exjefes castrenses los cargos de tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado.
De acuerdo con Guzmán, las violaciones sexuales registradas en durante el operativo denominado “Rescate” y que derivo en la masacre se pueden considerar como tortura por jurisprudencia generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Esta ampliación de los delitos no este caprichosa, no es antojadiza y deviene de las declaraciones de los testigos”, acotó el juzgador.
Estas son procesadas desde marzo de 2017, excepto Contreras, por los delitos de asesinato, violación, privación de libertad, violación de morada, robo, daños, estragos, actos preparatorios de terrorismo y terrorismo.
Durante la audiencia el general Rafael Bustillo, requerido por la Justicia española por la masacre de cinco sacerdotes jesuitas en 1989, aseguró que el proceso es “parcial” y señaló que las víctimas posiblemente colaboraban con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La sobreviviente María del Rosario Torres pidió respeto para las víctimas, dado que no tienen “ninguna culpa” por las acciones de la guerrilla.
“Solo de mi familia fueron 24 asesinados”, señaló Torres, quien pidió a los militares que “se pongan la mano en el corazón” y acepten los cargos que se les imputan.
El proceso, en el que la masacre fue declarada un crimen de lesa humanidad, se encuentra en la etapa de instrucción y han comparecido más de 30 testigos.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
