“Hasta que nosotros sepamos que hemos capturado al último de los miembros de la pandillero en territorio salvadoreño no vamos a desactivar el protocolo (el régimen de excepción)”, ha indicado Villatoro durante una entrevista en un programa emitido en la cadena TCS.
Por su parte, el ministro de Defensa, René Merino, ha confirmado los números y ha indicado que “esos son los niveles” de traslado de pandilleros detenidos durante once meses al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que se ha construido en menos de siete meses con capacidad para 40 mil reos, según ha informado el diario salvadoreño ‘El Mundo’.
Las fuerzas de seguridad ya trasladaron el pasado viernes a los primeros 2 mil presos hasta el nuevo penal, tal y como informó el propio presidente, Nayib Bukele, en su perfil de Twitter. Según las autoridades salvadoreñas todavía quedan cerca de 30 mil pandilleros por arrestar.
Bukele, que se presentará a la reelección en 2024, ha defendido el estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a la organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad.
El Salvador trasladará a un 60% de los casi 65.000 pandilleros detenidos a una cárcel de máxima seguridad https://t.co/Qksn6oDXpz
— Europa Press (@europapress) February 28, 2023
"Todo aquel que pretenda tomar alguna de las sillas que nosotros ya desarticulamos va a ser perseguido y sometido ante la justicia". Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro @Vi11atoro . pic.twitter.com/qq55F9zLrJ
— Frente a Frente TCS (@Frentea_Frente) February 28, 2023
Pandilleros encontrados en fosa común
La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunció el pasado 25 de febrero que cuatro de los detenidos durante el régimen de excepción impuesto por el Gobierno de El Salvador han aparecido muertos en una fosa común, por lo que denuncia que estas personas murieron bajo custodia del Estado y fueron enterradas sin informar a sus familiares.
“Iniciamos la sistematización de las personas inocentes que el Estado capturó, metió en prisión, mató y enterró en fosas comunes sin dar aviso a familiares. Ninguno está perfilado como pandillero, todos sin haber sido vencidos en juicio”, denunció SJH en un comunicado en Twitter.
Una abogada de SJH, Ingrid Escobar, consideró que el Estado está obligado a reparar el daño causado a las familias y para ello debe someter a la justicia a los que teniendo la responsabilidad de informar a la familia, no lo hicieron.
“En principio el Estado debe reconocer el error y la cadena de responsables para individualizar, si hubo negligencia estatal en la atención de las enfermedades crónicas de estas personas o si hubo torturas por parte de otros internos, cuestión que no se ha hecho”, ha apuntado el declaraciones al portal elsalvador.com.
Escobar ha instado así a las autoridades a iniciar acciones de reparación y no repetición a través de acciones como una disculpa pública y una indemnización por daños y perjuicios.
