El ataque se produjo al amanecer, cuando hombres armados llegaron al penal a bordo de vehículos blindados y abrieron fuego contra los guardias en momentos en que algunos familiares esperaban para entrar al recinto para la visita de año nuevo.
Según las primeras investigaciones, el asalto armado tenía como fin facilitar la fuga de un grupo de presos.
Tras el asalto, policía estatal con la ayuda de militares realizaron cuatro detenciones, añadió la fiscalía sin precisar si son reos fugados o atacantes.
Reportes de medios locales señalan que al interior del penal algunos reos se habrían amotinado, prendiendo fuego a diversos objetos y enfrentándose con guardias carcelarios.
Según estas versiones, al exterior de la prisión la balacera desató escenas de pánico entre los pobladores mientras que la alcaldía pedía no acercarse a la zona.
La fiscalía informó que las fuerzas de seguridad consiguieron controlar la situación en el penal unas cinco horas después de que se desató el ataque.
Pugnas internas
En el penal de esta localidad fronteriza, crucial para el tráfico de droga hacia Estados Unidos, están recluidos miembros de los brazos armados de los cárteles de Sinaloa y Juárez, enfrentados por el control de la zona desde hace más de 15 años.
Esta cárcel estatal ha sido escenario de distintas riñas y motines, entre ellas una que dejó 20 muertos en marzo de 2009, una de las más sangrientas.
En agosto de 2022, un enfrentamiento entre bandas rivales dejó tres presos muertos.
En febrero de 2016, como parte de su visita a México, el papa Francisco ofició misa en el patio de esta cárcel ante 700 presos y sus familiares. Los llamó a no perder la esperanza y a contribuir a detener la violencia.
Según un reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de febrero pasado, en esta prisión están recluidas más de 3 mil 700 personas cuando su capacidad es de 3 mil 135.
Este penal depende del gobierno de Chihuahua. La cárcel federal, donde estuvo el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2017, fue cerrada hace dos años debido a su deficiente funcionamiento.
Los centros de detención de México, principalmente los estatales, padecen problemas crónicos de hacinamiento y violencia, que se han agravado en los últimos años por las pugnas entre grupos criminales.
De acuerdo con cifras oficiales, México registra más de 340.000 homicidios, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
