“Los datos reportados representan únicamente la intervención del personal especializado en asuntos relacionados con fosas clandestinas, aclarando que no en todos los casos de fosas intervienen los peritos de esa unidad administrativa”, indicó la fiscalía.
Iguala, un municipio de 120 mil habitantes situado 200 kilómetros al sur de la capital mexicana, fue el lugar donde hace 10 meses mataron a seis personas y desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, sucesos en los que participaron autoridades y policías locales en complicidad con el crimen organizado y que fueron calificados por el ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez como “el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente del país.”
De los 129 restos localizados en todos los enterramientos señalados, 92 eran de hombres, 20 de mujeres y el resto sigue sin determinar o en proceso de valoración.
De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía, a fecha 13 de julio solo se tenían datos de haber identificado a 16 personas.
En el mes de octubre, una semana después de la desaparición de los 43 estudiantes, fue cuando se localizaron más fosas, 11 con un total de 39 cuerpos. Le siguieron el mes de enero y abril del 2015, cuando se encontraron 10 enterramientos cada mes.
Tras la desaparición de los alumnos de Ayotzinapa, grupos de policías comunitarios de Guerrero colaboraron con familias de víctimas y con las autoridades en la búsqueda de fosas clandestinas.
Ninguno de los restos hallados pertenecía a los estudiantes que, según la versión oficial, fueron quemados en un basurero en la vecina localidad de Cocula y sus restos esparcidos por el río.
Expertos nacionales e internacionales han cuestionado partes de la versión que los familiares de las víctimas no creen. El domingo, como todos los días 26 de cada mes desde el pasado septiembre, cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México encabezadas por los padres de los desaparecidos para reclamar justicia una vez más y exigir que las autoridades realicen operativos en busca de sus hijos.
Las desapariciones y asesinatos fueron algo habitual en Iguala durante los últimos años debido a la complicidad del crimen organizado, y en concreto el grupo Guerreros Unidos, con el alcalde del lugar, José Luis Abarca, y todas sus corporaciones de seguridad.
Según el informe presentado por el ombudsman el jueves recién pasado, 10 meses después, las condiciones de crimen, inseguridad, encubrimiento e impunidad que permitieron la desaparición de los 43 jóvenes todavía continúan.
