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La ley favorece a “todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018”, cuando estallaron las protestas, y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.
Incluye a los opositores que están presos por participar en las manifestaciones, quienes deberán ser liberados “de forma inmediata” cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.
Establece, además, que los beneficiados deberán “abstenerse” de volver a participar en protestas.
La oposición estima que cerca de 800 personas fueron encarcelados por apoyar las marchas, aunque el gobierno ha dicho que son unas 350.
Unos fueron recluidos sin que se le formularan cargos y otros fueron acusados de “terrorismo” bajo una cuestionada ley de 2018 que criminalizó las protestas.
Uno de los detenidos es el líder campesino y opositor Medardo Mairena, condenado en febrero pasado a 216 años de prisión por terrorismo y otros seis delitos.
“Quedarán impunes”
La amnistía cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas que estallaron el año pasado contra Ortega, tras una cuestionada reforma al seguro social, que se transformó en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde 2007.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a más 70 grupos opositores, consideró que la amnistía “pretende proteger los crímenes que ha cometido (el gobierno) a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares”.
“El propósito (de esta ley) es evidentemente intentar consolidar la impunidad del régimen”, repudió en Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch.
Según grupos humanitarios, la represión estatal dejó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos, la mayoría civiles, y 62.000 exiliados por amenazas de muerte o de encarcelamiento.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación de que la amnistía impida el procesamiento de los responsables de “graves” violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“El gobierno (de Ortega) tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”, demandó en un comunicado.
Un informe presentado en diciembre pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales para Nicaragua (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que “es posible afirmar que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad” en la represión de las manifestaciones y “criminalizó cualquier acto de parte de la ciudadanía” contra el gobierno.
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“Burla” vs “reconciliación”
En los debates, los diputados del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) acusaron a la bancada sandinista de encubrir con esta ley los crímenes cometidos contra los manifestantes, de los cuales, dijeron, Ortega es responsable.
“Con esta ley de amnistía se declara usted señor presidente culpable de los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra la población nicaragüense, pues es a usted y a sus cómplices a quienes privilegia esta iniciativa”, apuntó la diputada liberal María Fernanda Flores.
“Es una burla al pueblo de Nicaragua”, acotó su compañera de bancada, Adilia Salinas, quien advirtió que “la amnistía impedirá investigar los abusos a los derechos humanos y los asesinatos que siguen ocurriendo” contra los disidentes, con el opositor Eddy Montes muerto a tiros en mayo en la cárcel.
Pero los diputados sandinistas defendieron el proyecto como un paso necesario para iniciar un proceso de reconciliación, y levantar la deteriorada economía, tras más de un año de crisis.
El diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del oficialista FSLN, argumentó que “el camino de la paz y la reconciliación solo puede ser a través del perdón, y nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías”, pero “la patria es primero”.
Es “una herramienta que nos permite avanzar en la estabilización social económica y política del país”, comentó en tanto el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez.
Su compañero José Figueroa reiteró el alegato del gobierno de que las protestas fueron un “intento de golpe de estado dirigido, patrocinado y financiado por grupos políticos, económicos y religiosos internos y externos que tenían como propósito el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Ortega”.
