El edicto “crea dentro del Ministerio de Gobernación la Dirección general de atención a nacionales, personal diplomático y consular en el servicio exterior y personal diplomático y consular acreditado en Nicaragua”.
La medida extrae de la competencia del Ministerio de Relaciones Extreriores una serie de facultades y las traslada a Gobernación, una entidad relacionada con asuntos de seguridad y orden interno, dijo el consultor en asuntos constitucionales, Gabriel Álvarez.
Entre las funciones que tendrá esa dirección figuran la “coordinación” de la correspondencia diplomática y objetos de uso oficial enviados desde Nicaragua a sus misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior, “de conformidad a la Convención de Viena de 1961”.
Pero también estará a cargo de recibir, clasificar, distribuir y resguardar correspondencia recibida en valija diplomática, hasta su destino final.
Añade el decreto que compete al nuevo organismo “velar que la valija diplomática contenga únicamente correspondencia de uso oficial”.
Gobernación también será la encargada de otorgar el carné de identidad, tramitar, controlar y otorgar visas diplomáticas, oficiales, de cortesía a las misiones diplomáticas y otras agencias acreditadas en el país.
Algunas embajadas y misiones consultadas no quisieron comentar o no atendieron al llamado.
Maniobra restrictiva
Esa medida “no se puede ver aislada sino en un contexto de acciones del gobierno en los últimos meses de hermetismo, restricción de derechos humanos y hasta represión” hacia extranjeros, estimó Álvarez.
“No me atrevería a decir que van a reprimir a diplomáticos y al servicio consular, pero se están entrometiendo en un ámbito que no es competencia natural de Gobernación”, sostuvo.
Álvarez calificó de “disparatada” y “desafortunada” la medida de colocar aspectos de las relaciones diplomáticas bajo el control de Gobernación.
“La mayoría de embajadores hacen la vista gorda a los desmanes del gobierno. Tal vez ahora que les empiezan a pisar callos le pongan interés a lo que está pasando en el país”, advirtió el jurista.
De acuerdo con la explicación oficial, la creación de este organismo y sus nuevas funciones -algunas de las cuales le correspondían a la Cancillería- tienen la finalidad de “facilitar las gestiones y trámites migratorios”.
Las disposiciones se producen en un momento en que el gobierno de Nicaragua ha endurecido sus controles migratorios, producto de lo cual al menos 90 extranjeros han sido rechazados, deportados o expulsados en lo que va del año.
