“Estas familias ya han sufrido demasiado, jamás deberían sentirse ignoradas o amenazadas por su propio gobierno”, afirmó Obama, quien hizo referencia a la falta de coordinación entre organismos federales y la lentitud de la burocracia.
El presidente estadounidense señaló asimismo que los familiares de los aproximadamente 80 estadounidenses que fueron tomados como rehenes desde el 11 de setiembre del 2001 enfrentan “una constante pesadilla que los demás no podemos imaginar”.
Para empezar, dijo, se protegerá a las familias de las amenazas de demandas judiciales en el caso de que trataran de pagar un rescate, incluso si el gobierno se opone a ese pago.
La madre de James Foley, periodista decapitado en agosto del 2014 por el grupo Estado Islámico, denunció en términos muy duros la actitud del gobierno al afirmar que su familia en particular había sido amenazada con demandas judiciales si seguía intentando pagar un rescate.
A pesar de que el tema siempre fue sensible, los secuestros de ciudadanos occidentales por yihadistas del grupo Estado Islámico, y la difusión de videos que muestran su decapitación, provocaron una ola de indignación y han vuelto a encender el debate sobre este tema en Estados Unidos.
Al presentar una serie de medidas administrativas, la Casa Blanca insistió en que la política de “no hacer concesiones” no significaba “no comunicación” con los secuestradores.
“El propio gobierno estadounidense puede comunicarse con los secuestradores, sus intermediarios, los gobiernos involucrados y las comunidades locales para intentar la liberación de los rehenes”, señaló la presidencia estadounidense.
Interrogada sobre el flujo de esa información y sobre el impacto de un acuerdo tácito del gobierno a las familias que quieren pagar un rescate, Lisa Mónaco, asesora de Obama, se mostró evasiva, y se limitó a destacar que el gobierno estadounidense “no facilitaría el pago de rescates”.
Obama anunció asimismo la creación de un grupo integrado por profesionales del FBI, de los departamentos de Defensa y de Estado y de los servicios de inteligencia, para seguir los casos de secuestro y mantener comunicación con las familias, el Congreso y los medios.
