“Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de femicidio/feminicidio están en América Latina y Caribe y se estima que una de cada tres mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, destaca el pronunciamiento.
Explica que los marcos normativos de la región utilizan los términos “femicidio” y “feminicidio” para referirse a la muerte violenta de mujeres por razones de género, diferenciándolos del concepto neutral en términos de género de homicidio.
Añade que de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2016 se dieron mil 831 casos de feminicidio en 16 países de América Latina y el Caribe, mientras que en 2015 se registraron mil 661.
Entre 2010 y 2014 ocurrieron cada año unos mil feminicidios, aunque estos datos no reflejan las cifras de algunos países como Brasil, Colombia o México que tienen un “elevado número” de casos, por lo que las dimensiones “son mucho mayores”.
A esto se suma el subregistro de casos que no son adecuadamente tipificados como feminicidios.
El organismo de la ONU destaca que a nivel de Centroamérica las dimensiones son “especialmente devastadoras”, ya que dos de cada tres mujeres asesinadas mueren por razón de su género, según datos del Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Estos mismos datos revelan que tres de los 10 países del mundo con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe.
Para ONU Mujeres, si bien se han logrado avances legislativos con 16 países de la región con leyes que tipifican el feminicidio y con mecanismos institucionales que protegen los derechos de las víctimas y los sobrevivientes, “esto no ha sido suficiente para garantizar la seguridad y protección de las mujeres y las niñas latinoamericanas y caribeñas”.
“Hacen falta datos de calidad, recursos presupuestarios para la implementación de políticas públicas, continuidad y coordinación en las políticas y planes nacionales, acceso a la justicia con visión de cero impunidad y un cambio en los patrones culturales patriarcales que naturalizan la violencia contra las mujeres de la región”, señaló.
Estas acciones, remarcó el organismo internacional, “requieren del esfuerzo de todos los sectores, y el llamado es urgente, pues la muerte violenta de cada mujer es un paso atrás en el desarrollo de la región. Alto al femicidio. ¡¡Ni una menos!”.
