Numerosas organizaciones civiles han llamado a unirse a la manifestación que recorrerá el centro de la capital.
La noche del 26 de septiembre de 2014 una seria de ataques coordinados en Iguala, en el estado de Guerrero, dejaron un total de 180 víctimas, incluidos los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, otro que lleva dos años en coma y seis personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes fueron atacados por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o inacción de otros cuerpos de seguridad, militares y autoridades.
La primera versión oficial —calificada por el exfiscal general Jesús Murillo Karam de “verdad histórica”— aseguraba que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas a un río cercano, pero aunque se localizó e identificó un resto óseo de un estudiante la tesis fue rechazada por los expertos internacionales por falta de pruebas sólidas y por estar basada en testimonios de personas presuntamente torturadas. Recientes hallazgos de la propia fiscalía también cuestionaron alguno de sus puntos.
Las autoridades han detenido hasta el momento a 128 personas, de las cuales se ha abierto proceso a 70 —la mayoría policías y miembros del crimen organizado— pero todavía no se sabe qué paso esa noche ni cuál fue el móvil del crimen. La investigación ha avanzado muy lentamente, ha tenido errores y omisiones y ha sufrido obstrucciones a la justicia por parte de servidores públicos, denunció tanto el grupo de expertos de la CIDH como el defensor del pueblo mexicano.
De hecho, quien fuera jefe investigador del caso, Tomás Zerón, fue acusado por los padres de los estudiantes de manipular y sembrar pruebas para avalar la versión oficial y está actualmente bajo investigación interna.
Después de muchos retrasos y bloqueos, los abogados de las víctimas consideran que en los últimos meses se han logrado algunos avances como el rastreo de los teléfonos celulares de todos los presentes en la zona de los hechos y el uso de tecnología para escanear el terreno en busca de fosas clandestinas.
Sin embargo, faltan indagatorias básicas y el Ejército —cuya actuación el día de los hechos ha sido cuestionada— todavía no ha aportado a la fiscalía pruebas solicitadas. Incluso la ONU ha manifestado sus dudas sobre el compromiso del gobierno de México con el esclarecimiento del caso.
“No tenemos aún la garantía de que van a ser castigados todos los que tienen responsabilidad criminal en este caso”, dijo recientemente Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, al visitar la normal rural de Ayotzinapa, la escuela donde estudiaban los jóvenes.
Los dos principales detenidos son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un jefe del cártel de los Guerreros Unidos en esa localidad, Gildardo López Astudillo. Pero los expertos internacionales creen que un ataque coordinado en nueve puntos y en una extensión de 80 kilómetros tuvo que tener un nivel de mando mayor.
Mientras tanto, en la normal de Ayotzinapa el patio sigue ocupado por las 43 sillas vacías con los retratos de las víctimas y una imagen de la Virgen de Guadalupe clamando justicia.
La normalidad no ha regresado a esta escuela de maestros rurales. Las clases se han reanudado sólo parcialmente y cada vez hay menos alumnos que quieren ingresar a ella.
Gobierno dice que trabaja
El Gobierno mexicano dijo el lunes que trabajará en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años en Iguala (Guerrero) para “garantizar que queden satisfechas todas las exigencias de los familiares” de las víctimas.
En declaraciones a Radio Fórmula, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, dijo que la experiencia internacional en los casos de desapariciones muestra que los tiempos de las investigaciones “son largos”.
“Cuando la autoridad pretende cerrar sin todos los elementos un caso como este no acierta, se equivoca”, afirmó el funcionario, quien destacó que es “una prioridad (…) dar con el paradero de los muchachos”.
Señaló que se está usando tecnología que funciona para la minería y la arqueología que “permite obtener imágenes tridimensionales de grandes regiones para identificar si hubo movimiento de tierra o cavidades”.
“Con el apoyo de la Policía Federal, se está trabajando en estas nuevas búsquedas para garantizar que ningún indicio quede sin atender”, afirmó.
