Fueron rechazados, sin embargo, dos puntos propuestos por CUP (izquierda radical) que apelan a los cargos electos a desatender las peticiones de instituciones del Estado y reclaman que la Policía regional catalana no ejecute las órdenes de la Audiencia Nacional española.
La moción salió adelante después de duras críticas de Ciudadanos, PPC y PSC a la gestión que ha hecho la Mesa de la Cámara catalana por permitir tramitar un texto que juzgan contrario a la legalidad tras la anulación previa del TC a la moción del 9 de noviembre.
Ese día Junts pel Si y CUP respaldaron una resolución de inicio de un proceso secesionista que apuntaba que, en el plazo de un mes, debía empezar la tramitación de las “leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública” , que serían las bases de una hipotética república catalana.
El Gobierno español recurrió ante el TC, que el 9 de diciembre anuló la resolución rupturista.
El documento aprobado el jueves “reitera los objetivos contenidos en la declaración” del 9 de noviembre y manifiesta el “máximo apoyo” a todos los ayuntamientos investigados y “criminalizados” por mostrar su apoyo a dicha resolución de “desconexión” de Cataluña respecto al Estado español.
También insta al Govern a presentar en el Parlament en un plazo de 60 días el plan de ejecución de todas las medidas de los anexos de la declaración suspendida y el plan para desplegar el proceso participativo previo a la redacción de una “constitución catalana”.
Descarta declarar la independencia
El presidente de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, descartó dar “saltos al vacío” y declarar la independencia de esta rica región española en los próximos 16 meses de su mandato, en una entrevista publicada el lunes.
“En esta legislatura no, porque no está previsto y no es nuestro compromiso” , respondió el líder regional a una pregunta del diario económico español sobre una hipotética declaración unilateral de independencia en los próximos 16 meses.
Pero “sí que haremos todo el trabajo para que este país pueda ser un estado independiente” , añade Puigdemont, nombrado en enero como sucesor del expresidente Artur Mas, que cedió su puesto para hacer posible una alianza de su grupo con la izquierda radical independentista.
Con mayoría absoluta en el parlamento regional desde las elecciones de septiembre, los independentistas, divididos entre la coalición de izquierda y derecha Junts pel Sí y la izquierda anticapitalista de la CUP, pusieron en marcha un plan para separarse del resto de España.
En esta legislatura, que prevén de solo 18 meses, quieren preparar los órganos de administración necesarios para asumir las competencias de un Estado como la hacienda o la seguridad social.
Una vez culminado este año y medio, quieren “proclamar” simbólicamente la independencia, aunque sería de manera retórica y sin efectos jurídicos, según fuentes del ejecutivo catalán.
Después convocarán elecciones para definir el parlamento que deberá redactar la constitución del nuevo Estado catalán. Si los catalanes aprueban esta constitución en referéndum, los líderes independentistas declararán oficialmente la secesión de esta región de 7.5 millones de habitantes con una quinta parte de la riqueza española.
Esta estrategia despierta recelos entre el mundo empresarial, que alerta ante la inestabilidad jurídica y económica generada por el previsible choque entre las autoridades catalanas y españolas.
“Todo lo que estamos haciendo se ampara en una vocación de seguridad jurídica (…) No daremos saltos al vacío y todo estará perfectamente cubierto” , defendió Puigdemont.
Además, el líder regional invita al futuro gobierno español –desde las elecciones legislativas de diciembre los partidos no consiguen pactar un nuevo ejecutivo — a permitir un referéndum sobre la independencia en esta región para solucionar el conflicto.
“Si hay un primer ministro o candidato a la presidencia del gobierno que lo propone, nos posicionaremos y lo ayudaremos” , afirmó.
