Para grupos ecologistas la situación del Parque Internacional La Amistad (PILA), creado por Costa Rica y Panamá en 1982 y declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1983, es tan grave que llevan años pidiendo que sea incluido en la lista de “Patrimonio Mundial en Peligro”.
Esa resolución, argumentan, haría reaccionar a los gobiernos panameño y costarricense para que preserven el PILA, que la Unesco destaca como un sitio de ubicación geográfica excepcional en Centroamérica que conserva huellas de las glaciaciones de la Era Cuaternaria.
La Unesco parecía decidida a declarar el parque en peligro, pero en julio pasado aprobó dar un plazo, hasta febrero próximo, para que los dos países presenten un informe sobre las medidas para combatir la deforestación, cacería ilegal, movimiento de personas, de ganado y otras mercancías que lo afectan, dijeron funcionarios del Gobierno panameño y activistas ambientales.
La Unesco parecía decidida a declarar el parque en peligro, pero en julio pasado aprobó dar un plazo, hasta febrero próximo, para que los dos países presenten un informe sobre las medidas para combatir la deforestación, cacería ilegal, movimiento de personas, de ganado y otras mercancías que lo afectan.
Para el biólogo Isaías Ramos, de la organización no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) Panamá, está claro que la “debilidad institucional” y la total “descoordinación dentro del aparato estatal” para abordar el tema medioambiental es la madre de todos los males del PILA, al menos del lado panameño.
Grave riesgo
Tráfico intenso de ganado y mercaderías, tala no controlada, cambios en la frontera agrícola, usurpación o uso de la tierra dentro del área protegida incluso por cultivos que se consideran en teoría sustentables, como el café de altura, son los males que enumera el biólogo del CIAM Panamá.
A ello suma el impacto por la construcción de al menos dos hidroeléctricas del lado panameño, que no están dentro del parque nacional pero que sí perjudican sus ecosistemas hídricos.
“Cómo es posible que con semejante cantidad de hectáreas es poca la infraestructura, es poco el personal técnico, son pocas las iniciativas para proteger esa zona por parte del Estado de Panamá”, se preguntó el ambientalista.
En Panamá se encuentran alrededor de 207 mil hectáreas del parque binacional, pero solo hay cuatro guardabosques, reconoció en una entrevista Víctor Medina, secretario ejecutivo del Convenio para el desarrollo fronterizo Costa Rica-Panamá.
Medina aseguró que el Ministerio de Ambiente de Panamá, creado en marzo del 2015, trabaja en conocer qué es lo que hay dentro del parque en términos de asentamientos humanos, explotación agrícola, pecuaria, maderera e incluso turística para poder “tomar las acciones” correspondientes.
La idea del Gobierno panameño “es tener una seguridad física en el área, contar con mayor presencia a través de contratación de guardabosques y que estos además se puedan movilizar” por todo el parque, dijo Medina.
Las autoridades ambientales de Panamá y Costa Rica trabajan en coordinar las acciones para la conservación del parque y acudieron al convenio fronterizo para pedir ayuda, ya que “es el canal para que los acuerdos a los que lleguen puedan ser” puestos en marcha de manera expedita, agregó.
El asunto se discutió la semana pasada en un encuentro de altos funcionarios de los dos países, preparatorio de una reunión de los presidentes panameño, Juan Carlos Varela, y costarricense, Luis Guillermo Solís, programada para este septiembre o a más tardar octubre próximo.
Para el biólogo del CIAM una medida inmediata a implementar para la conservación del PILA es que sea “declarado en peligro para que el Gobierno Nacional (de Panamá) reaccione y le asigne los suficientes fondos y personal técnico para el manejo de las áreas protegidas incluyendo los guardaparques” .
“Para eso se necesita una evaluación ambiental estratégica seria y completa, que contemple todos los impactos ambientales, que regule las actividades que se están dando y a su vez establezca un plan de manejo que sea consecuente con la realidad que tiene y de cómo se va administrar esa zona”, recalcó.
También se requiere “coordinación por parte de las mismas autoridades” panameñas, porque se da el caso de que por un lado el Ministerio del Ambiente aprueba medidas para proteger un área y al mismo tiempo el Ministerio de Obras Públicas da la concesión para una carretera, añadió.
