“En carne propia sentí la sí, irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente; por eso con toda humildad les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé”.
El mandatario hizo estas declaraciones durante el acto de promulgación del nuevo sistema anticorrupción mexicano, un entramado de siete leyes que, entre otros asuntos, tipifica los delitos relacionados con este problema, crea y fortalece instituciones para combatirlo y establece mecanismos de observación ciudadana.
Peña Nieto, que hizo un llamamiento a ser “autocríticos”, indicó que los servidores públicos, además de tener que actuar conforme a derecho, son responsables “de la percepción que generamos con lo que hacemos, y en esto, reconozco que cometí un error” que “dañó la confianza en el gobierno”.
Escándalo
En noviembre del 2014 el líder mexicano se vio envuelto en una gran polémica por una lujosa casa propiedad de su esposa, Angélica Rivera, que suscitó dudas sobre un presunto conflicto de intereses porque estaba a nombre de un destacado empresario beneficiario de importantes contratos durante toda la etapa de Peña Nieto como gobernador del Estado de México.
Una investigación interna determinó que el presidente no había incurrido en ninguna irregularidad pero eso no calmó los ánimos de los mexicanos máxime porque la persona que lideró dicha investigación fue un cercano al mandatario, Virgilio Andrade.
Andrade, encargado de la secretaría de la Función Pública, una especie de oficina anticorrupción, dejó su cargo el lunes horas antes del acto de promulgación de las nuevas leyes.
Para Eduardo Bohórquez, director de la oenegé Transparencia Mexicana, y presente en el acto de promulgación de las leyes, el nuevo sistema es un “avance significativo” en la lucha contra la corrupción.
No obstante, dijo que organizaciones como la suya estarán “vigilantes” ante los próximos nombramientos de quienes dirigirán las nuevas instituciones anticorrupción, como la fiscalía o el tribunal, ya que todos los expertos coinciden que de su independencia dependerá su eficacia.
Bohórquez agregó que pese al avance la sociedad mexicana “anhela mucho más” en la lucha contra un problema que es una “amenaza directa a la seguridad pública y ciudadana”, que está ligado a la impunidad y que daña no solo los derechos de los mexicanos sino también la reputación del país.
Y puso un ejemplo: una familia con el salario mínimo gasta hoy el 33% de sus ingresos en pagar sobornos.
Una de las nuevas normas, la conocida popularmente como “ley 3 de 3” y que fue alentada por una iniciativa ciudadana que recogió más de medio millón de firmas, obliga a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y sus comprobantes fiscales.
Sin embargo, pese a ser una de las partes más esperadas del nuevo sistema, durante su trámite parlamentario se quedó con menos alcance del esperado porque la apertura de esos datos quedará a discreción de un comité que sólo lo permitirá si eso no afecta la vida privada del funcionario o los datos personales protegidos por la Constitución, lo cual para los expertos es un candado al que recurrirán muchos funcionarios, si no es que todos.
Un sondeo divulgado recientemente por el Instituto de Estadística señaló que la corrupción es vista como el segundo problema principal del país, sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia. Además, un 40% dijo tener algún conocido que refirió actos de corrupción en la realización de trámites y un 60% dijo haber escuchado que eso ocurre, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada en 38 mil viviendas entre noviembre y diciembre del 2015.
La corrupción fue considerada como un factor clave en la derrota que el gobernante Partido Revolucionario Institucional sufrió en las pasadas elecciones para renovar 12 gobiernos estatales.
Sólo ganó en cinco de los comicios, cuando esperaba tener al menos nueve triunfos.
