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Por qué se descartó la propuesta que daba a Marco Rubio poder para revocar pasaportes
La iniciativa buscaba permitir a Marco Rubio anular pasaportes sin juicio ni pruebas definitivas y que la apelación dependiera únicamente del secretario de Estado.
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El Secretario de Estado de EE.UU. pretendía implementar la medida para reestructurar el control ejecutivo sobre el Departamento de Estado. Prensa Libre: AFP.
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes propuso descartar un controversial proyecto republicano que habría delegado en Marco Rubio dominio completo para revocar pasaportes a ciudadanos estadounidenses, apoyándose únicamente en indicios de apoyo a supuestas organizaciones terroristas.
El congresista republicano de Florida, Brian Mast, presentó una enmienda que elimina una medida de su ley sobre políticas del Departamento de Estado, un proyecto orientado a reformar la entidad, según las directrices de la administración de Trump.
La polémica alrededor de la propuesta
El posible proyecto, denominado HR 5300, provocó preocupación sobre abusos y vulneraciones a la libertad de expresión, en un contexto político en el que la administración republicana ya ha revocado visas y residencias a personas por apoyar públicamente causas pro-Palestina o participar en manifestaciones en Estados Unidos, como sucedió con Rumeysa Öztürk y Mahmoud Khalil.
El problema, según los críticos, es que el plan otorgaría un amplio poder decisivo al Departamento de Estado para determinar qué grupo calificarían cómo terroristas. Según NBC News, Carolyn Iodice, directora de políticas de la Foundation for Individual Rights and Expression, expresó que "si esto se convierte en ley permanente, cualquier secretario de Estado podría usarlo para restringir la libertad de expresión y castigar opiniones que no le gusten".
La redacción de la propuesta no requería pruebas judiciales contundentes, lo que pudo resultar en la revocación de pasaportes de ciudadanos solamente por sus opiniones políticas o expresiones protegidas por la Primera Enmienda.
La propuesta de Mast contemplaba una cláusula que permitiría a los afectados a apelar la revocación de su documento ante el secretario de Estado en un plazo máximo de 60 días, aunque la apelación se llevaría a cabo ante la misma autoridad que emitió la decisión original.
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