Estados Unidos
El mandatario se defendió ante los diputados que deben recomendar al pleno de la Asamblea Legislativa —con mayoría opositora— si se le retira la inmunidad para que sea juzgado por el delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien), penado con hasta ocho años de cárcel.
Es la primera vez que un presidente costarricense enfrenta un pedido de desafuero, aprobado por la Corte Suprema el 1 de julio.
“Aquí estoy frente a ustedes (…) enfrentando literalmente un intento de golpe de Estado judicial”, señaló Chaves, un economista conservador y populista de 64 años, señalado por sus críticos de no respetar la independencia de poderes.
La Fiscalía acusa al mandatario —exfuncionario del Banco Mundial— de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle US$32 mil a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.
Según la acusación, la contratación de dicha empresa, para prestar servicios durante el mandato de Chaves —que comenzó en el 2022 y concluye en el 2026—, se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante un procedimiento “aparentemente” indebido.
Chaves calificó el caso como un “montaje” y “mentiras” del fiscal general, Carlo Díaz.
“Compatriotas, ¿ustedes de verdad creen que este caso tenga algún sentido, más allá del servilismo de un fiscal incompetente, torpe, sirviendo a la red de cuido que le manipula?”, cuestionó Chaves.
Agregó que, tras 36 años de servicio exterior, ahora se enfrenta a la élite política del país, a la que calificó como “casta putrefacta y corrupta”.
