Esta ley prevé el restablecimiento de la pena de muerte y la reducción de la edad penal, de 15 a 9 años.
Duterte fue electo en mayo tras una campaña en la que prometió erradicar las drogas eliminando a decenas de miles de personas tras advertir que el país corría el riesgo de convertirse en un narcoestado.
También prometió subsanar los vacíos del sistema judicial que, según él, permitían a los traficantes de droga utilizar a menores como mulas.
“Criminales adultos utilizan de forma deliberada a menores de 15 años para cometer crímenes como el tráfico de droga”, declaró Pantaleon Alvarez, uno de los defensores del texto.
Duterte proponía reducir la edad de responsabilidad penal a 12 años, pero sus aliados quieren ir más lejos.
Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, recordó el lunes al gobierno filipino sus obligaciones internacionales. Manila es firmante de la convención de la ONU sobre los derechos de los niños que estipula que la edad penal no puede ser inferior a 12 años.
“La cárcel no es un lugar para los niños. Es alarmante enviar a niños a instituciones” penitenciarias, declaró Unicef a la AFP. “Sería un retroceso por parte del gobierno filipino”, añadió.
Varias asociaciones lanzaron la campaña #ChildrenNotCriminals (los niños no son criminales) para pedir a los representantes que no apoyen el proyecto de ley.
“Es injusto acusar a los niños. El resultado será niños convertidos en criminales reincidentes”, declaró Ernesto Almocera, de Plan International Philippines.
Los defensores de los menores instaron a Duterte a que se centrara más bien en las causas de la delincuencia de los menores, la pobreza, la ausencia de los padres o la falta de educación.
La política anticriminalidad que promueve Duterte ha desatado duras críticas por parte de los defensores de los derechos humanos.
Más de 2.000 personas han sido abatidas por la policía desde que el presidente asumió su cargo a finales de junio. Otras 2.800 murieron en circunstancias no clarificadas, según las estadísticas oficiales.
