Los ocho jueces del Tribunal Supremo empataron en su decisión sobre las medidas de Obama, remitieron el caso a un tribunal inferior y dejaron en el limbo a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Obama ya ha ejecutado parte de las medidas de deportación diferida para jóvenes inmigrantes indocumentados, conocida como DACA, pero con la decisión del Supremo queda suspendida una ampliación de la misma y otra que beneficiaba a padres indocumentados de residentes legales (DAPA).
“Me pasé toda la mañana llorando, deprimida, porque una vez más se me cayeron las ilusiones”, dijo hoy a Efe la nicaragüense Bertha Sanles, quien ha vivido indocumentada junto a su esposo durante 16 años en el área de Miami (Florida).
Con una hija de 22 años que fue amparada por la Acción Diferida para jóvenes de 2012 y un hijo ciudadano de 11, Sanles comenzó a ahorrar dinero y a poner sus documentos en orden desde el momento en que Obama anunció las medidas en 2014.
“Yo quería estar preparaba y juraba que el fallo del Supremo Tribunal iba a ser positivo, pero desafortunadamente fuimos víctimas de la politiquería y la manipulación”, lamentó.
En el caso de la mexicana Berenice Alonso la situación es dramática porque su esposo, José Juan Moreno, buscó santuario (refugio que protege a los indocumentados) en una iglesia cristiana del sur de Chicago, el 15 de abril, para evitar ser deportado y ella se quedó sola al cuidado de sus cinco hijos.
“Mis hijos son ciudadanos y yo confiaba en DAPA, pero mis esperanzas se desvanecieron”, afirmó a Efe desde Bolingbrook, un suburbio ubicado al oeste de Chicago.
Alonso maneja diariamente sin papeles para ver a su esposo, “siempre con mucho miedo por las redadas”.
Moreno, de 34 años, tiene el antecedente de haber sido detenido en 2009 por manejar ebrio, lo que habría sido el determinante para que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lo colocara en la lista de prioridad para deportación y rechazara todas sus apelaciones.
Alonso dijo que su única esperanza es que ella apele a DACA, porque llegó de Zacatecas (México) a los 16 años y podría recibir un estatus temporal y el permiso de trabajo que tanto necesita para mantener a sus hijos.
Para la boliviana Yaquelín López, oriunda de La Paz y radicada en el condado Broward de Florida desde hace 13 años, el programa que beneficiaría a padres no era una solución definitiva, pero sí “un alivio para salir de las sombras”, según expresó.
“Tenía muchas esperanzas y ahora me siento desilusionada y triste”, dijo la inmigrante que tiene una hija residente legal, pero se siente “acorralada” por los controles de permisos de trabajo que realizan los empleadores en el estado a través del programa federal E-Verify.
El ecuatoriano Guillermo Pintado, residente en Queens, Nueva York, tiene tres hijos ciudadanos y también contaba con beneficiarse con DAPA.
Igual de frustrada está Karla Cano, de 21 años, madre de un niño de dos años, que habría calificado para la expansión de DACA.
Aunque estudia en la Universidad Mount Mary de Milwaukee, Wisconsin, y aspira a completar una carrera “para ayudar a los demás”, Cano dijo que necesita un permiso de trabajo y la tranquilidad de no ser perseguida.
“Solamente el que vive indocumentado puede entender lo que sufrimos, en un país que ha sido envenenado por la retórica republicana de que venimos a robar empleos”, dijo.
Aunque la decisión del Supremo mantiene el bloqueo a las medidas migratorias del presidente Barack Obama, queda aún vigente el decreto ejecutivo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de 2012 y que se renovó en 2014 por tres años más.
Prometen castigo
Mientras tanto, varias asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos prometieron que esta comunidad castigará en las urnas a los republicanos en noviembre, después de que gobernadores de ese partido hayan logrado bloquear el alivio migratorio del presidente, Barack Obama.
“La lucha continúa, no nos damos por vencidos, ayer lloramos y hoy luchamos, porque para nosotros esto es personal, le haremos rendir cuenta a los políticos republicanos, nunca olvidaremos lo lejos que llegaron para separar a las familias”, dijo hoy en una conferencia telefónica Kica Matos, directora de Derechos Inmigratorios en la organización Center for Community Change.
“Ahora vamos a elegir líderes locales, estatales, de Presidencia, que estén a favor de una reforma migratoria justa con un camino a la ciudadanía, es muy importante que salgamos a votar en noviembre”, agregó.
“Sabemos quiénes son los culpables de esta situación y es el Partido Republicano, el que decidió iniciar el bloqueo legal a las medidas, vamos a llevar a nuestros familiares y vecinos a las urnas para castigar a los culpables”, afirmó Cristina Jiménez, cofundadora de la organización de jóvenes “United we dream”.
Hispanos protestan
Activistas y grupos de inmigrantes hispanos se concentraron en el bajo Manhattan el viernes para denunciar la decisión de la Corte Suprema que enterró dos medidas del presidente Barack Obama para proteger a millones de la deportación.
Los manifestantes expresaron su decepción e indignación con pancartas como “indocumentados y sin miedo” y gritos como “¿Qué queremos? íJusticia!”
“Estoy muy frustrada”, dijo Teresa Ramírez, una inmigrante mexicana de 40 años. “Tenía algunas esperanzas. Quería volver a ver a mi hija. Está en México y hace 14 años que no la veo”.
La hispana calificaba para uno de los programas anunciados por Obama y que hubiera beneficiado a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes. A pesar de que Ramírez tiene una hija en México, también tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos. Además de obtener un número de la seguridad social y trabajar, el programa le hubiera permitido viajar a su país natal.
En noviembre de 2014, ante la imposibilidad de aprobar una reforma migratoria en el Congreso, Obama proclamó por decreto unas medidas destinados a frenar la deportación de casi cinco millones de indocumentados, que podrían haber obtenido de manera temporal un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
Una coalición de 26 estados, liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos, consiguió que un juez bloqueara las medidas migratorias en febrero, tras lo cual la Casa Blanca interpuso sucesivos recursos hasta llegar a la máxima instancia judicial del país.
Organizaciones y analistas esperan que el voto latino, tradicionalmente favorable al Partido Demócrata, se movilice con más intensidad este año ante el discurso anti-inmigrante del candidato oficioso del Partido Republicano a la Presidencia, Donald Trump.
