La reunión fue convocada por Rousseff después de que la Policía Federal inició una vasta operación vinculada a las corruptelas en la estatal Petrobras, que comenzó con un allanamiento a la residencia de Lula, así como también en casas de miembros de su familia y algunos empresarios allegados al exmandatario.
Salvo el ministro de Justicia, que asumió su cargo este jueves, el resto de los participantes en la reunión convocada por Rousseff pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT) , fundado por Lula en 1980 y que es la formación más salpicada por los escándalos que se investigan en Petrobras.
El Gobierno aún no ha reaccionado de forma oficial frente a la operación, pero el presidente del PT, Rui Falcao, convocó a la militancia del partido a “movilizarse” ante lo que calificó de “momento grave, en que se monta una operación política, un espectáculo mediático en torno a Lula y su familia” .
Lula es investigado desde hace semanas por los supuestos delitos de ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero, aunque la Fiscalía añadió el viernes que también es sospechoso de enriquecimiento ilícito.
Decenas de personas afines o adversarias del expresidente se han concentrado frente a su residencia y a la comisaría en que presta declaración para manifestarse y llegaron a liarse a puñetazos frente a la propia policía, los periodistas y muchos curiosos.
La Policía Federal, responsable de la operación, aún no ha aclarado si Lula, el líder más carismático de Brasil contemporáneo y padrino político de la actual mandataria, Dilma Rousseff, permanecerá detenido o será liberado una vez que concluya su declaración.
“Violencia”
El Instituto Lula del exmandatario sostuvo que las acciones policiales de este viernes representan “una agresión al Estado de Derecho” .
“La violencia practicada hoy contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña” , dijo el Instituto en un comunicado.
La acción de la policía “es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema” , agregó.
Lanzando gritos y coreando consignas, decenas de manifestantes se agolparon en la sede de la policía federal del aeropuerto de Congonhas, donde Lula declara desde las 0Hh00 (11H00 GMT) , algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se han enfrentado a golpes, constataron periodistas de AFP .
Propiedades de lujo
Los mandatos de allanamiento y traslados para declarar “están siendo ejecutados por la policía federal para investigar posibles delitos de corrupción y lavado de dinero del esquema Petrobras practicados por el expresidente Lula y asociados” , dijo la fiscalía del estado de Paraná, a cargo de la investigación del megafraude a la petrolera.
“Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte” , sostuvo la fiscalía en un comunicado.
Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario del estado de Sao Paulo y de la finca. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.
“Creemos que la finca es realmente del señor Luiz Inacio” , dijo el fiscal Lima.
Lula continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, y al del partido que fundó, el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) .
La “Operación Lava Jato” (lavadero de autos) que desvió más de dos mil millones de dólares de Petrobras es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país.
Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.
El artículo con supuestas declaraciones de Amaral publicado por la revista IstoÉ encendió la ira del gobierno y la propia Rousseff advirtió indignada que las filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como un arma política, y que el combate a la corrupción es y seguirá siendo la prioridad de su gobierno.
