Una lucha solitaria
Qué lejos parece haber quedado el Brasil de hace seis años, cuando Rousseff recibió de manos de su mentor Luiz Inacio Lula da Silva la banda presidencial y heredó su abrumadora popularidad y un país pujante.
Ambos lograron ubicar a Brasil entre las economías emergentes más importantes del globo y se convirtieron en un modelo de cómo reducir la pobreza.
La salida del poder de Rousseff pone fin a una era de 13 años de gobierno de izquierda del Partido de los Trabajadores (PT) .
Su lucha en estos meses ha sido en solitario, recluida en el Palacio de Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.
Desde sus tiempos de ministra, Rousseff se ganó una reputación de tecnócrata firme y severa.
En Brasilia siempre se dijo que Rousseff mandaba, no negociaba. Y en el poder, la llamada “dama de hierro” brasileña quemó los puentes que años antes construyó su antecesor.
Sus simpatizantes afirman que esa actitud es de determinación; sus críticos, de arrogancia.
Rousseff deja la presidencia con una aprobación en mínimos históricos y con un gobierno golpeado por el megaescándalo de corrupción en la estatal Petrobras, por el que fueron arrestados varios políticos de su partido y por el que el propio Lula está en la mira de la justicia.
“Papisa de la subversión”
En estos días, Rousseff ha tratado de mostrar su lado más humano, con una presencia frecuente en redes sociales, que antes solo usaba en tiempos de campaña, para exaltar sus logros y criticar al gobierno interino.
Pero la próxima semana se convertirá en expresidenta y Temer asumirá el poder hasta 2018.
Y esta mujer, que nació en Belo Horizonte (sureste) de una familia de clase media formada por un inmigrante búlgaro y una maestra de escuela, cierra un capítulo de su vida política que comenzó en la resistencia contra la dictadura (1964-85) . Ya en 1970, el gobierno militar la condenó a prisión por pertenecer a un grupo armado clandestino, responsable de asesinatos y robos bancarios. Tenía tan solo 22 años.
Su participación en la lucha armada está envuelta en una nebulosa, pero la mayoría de los informes coinciden en que no estuvo involucrada directamente en operaciones de comando ni en asesinatos
Con todo, el juez que la condenó la llamó “papisa de la subversión” y en esos casi tres años que pasó en prisión fue torturada, según reveló el periodista Ricardo Amaral en una biografía de la mandataria, donde apareció una fotografía en blanco y negro frente al tribunal militar. Con la misma mirada desafiante.
Acusaciones que le pueden costar el cargo a Rousseff
En la fase final del juicio político que empieza el jueves, Rousseff responderá por cuatro supuestos “delitos de responsabilidad” que pueden llevar a su destitución, según se establece en la Constitución brasileña.
En ninguno de los casos, los cargos formulados contra Rousseff configuran delitos de tipo penal, pero sí de carácter administrativo y están tipificados en leyes que regulan el uso del dinero público.
La mandataria, suspendida de sus funciones desde que se instauró el proceso, el pasado 12 de mayo, ha sido acusada de emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
Ambas operaciones están tipificadas como “infracciones” en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en vigor desde el 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por un lapso de ocho años.
En relación a los decretos, la acusación sostiene que ampliaron el límite de gastos autorizado previamente por el Congreso para el 2015 en mil 750 millones de reales (unos 530 millones de dólares) , lo cual aumentó el déficit público en un 1.5 %.
La defensa alega que esos decretos no precisaban de autorización parlamentaria, ya que se referían a ingresos no contemplados en el cálculo del presupuesto y que habían sido reservados por el Estado.
En el caso de los créditos, la acusación se refiere a reiterados atrasos del Gobierno en los depósitos que debía hacer en el estatal Banco do Brasil para costear diversos programas agrícolas y opciones de financiación en condiciones preferenciales para ese sector.
El Banco do Brasil era usado como agente de pagos, pero por las demoras del Gobierno en cubrir ese gasto, la institución se vio en la necesidad de cubrir esas obligaciones con recursos propios.
Según la acusación, esas demoras generaron elevados intereses, que debió cancelar el Gobierno, y de ese modo acabaron configurando créditos con el Banco do Brasil, con lo cual también se habría violado la Ley de Responsabilidad Fiscal, que veta esas operaciones.
En este caso, la defensa sostiene que en todos los Gobiernos que antecedieron a Rousseff se registraron atrasos similares y nunca han llegado a ser considerados como créditos.
También alega que la mandataria no tuvo ninguna participación directa en esas operaciones, que fueron gestionadas directamente por los ministerios de Hacienda y de Planificación.
La acusación ha aceptado ese último punto, pero afirma que aún así Rousseff incurrió en una grave “omisión” que, según la Ley de Responsabilidad Fiscal, también es condenada con la destitución y la pérdida de todos los derechos políticos durante ocho años.
La fase final del juicio político comenzará el jueves y será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como corresponsable y garante constitucional del proceso.
Según las previsiones del Senado, la votación en que finalmente se decidirá si Rousseff es culpable y por tanto debe ser despojada del cargo, se celebrará entre el martes y el miércoles de la semana próxima.
