POR SI SE LO PERDIO
La decisión de este sábado es temporal a la espera de que los jueces revisen con mayor detalle el caso.
A principios de septiembre, Trump anunció el fin del programa Daca, promovido por el expresidente Barack Obama, aunque dio un margen de seis meses (hasta el 5 de marzo de 2018) para hacer efectiva su orden para forzar así una alternativa en el Congreso.
A día de hoy, consumido más de la mitad del plazo de Trump, el Legislativo no ha adoptado una medida que clarifique el futuro de los 800 mil “dreamers”.
Cuatro estados (California, Maine, Maryland y Minesota) y Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California, habían pedido a la Justicia que obligase al Gobierno a difundir los documentos sobre su decisión, que consideran ilegal.
El Gobierno solo ha hecho públicas 256 páginas referentes a su decisión de poner fin al programa.
Un juez federal de distrito y un tribunal federal de apelaciones habían dado la razón a los demandantes, pero el Supremo bloqueó hoy esas ordenes.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE.UU. manifestó su “satisfacción” por la decisión del Supremo y defendió que el Gobierno “actuó dentro de su autoridad” al poner fin a Daca “de forma ordenada”.
Inmigrantes de Triángulo Norte crecieron en EE.UU. en 2007-2015
El número de inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras en EE.UU. aumentó un 25 por ciento del 2007 al 2015, por delante de países como México, que tuvo un declive en ese periodo, según un informe publicado por el centro de estudios Pew Research Center.
El incremento de personas procedentes de la región conocida como el Triángulo Norte -formada por los tres países centroamericanos- contrastó con la caída de México, que sigue siendo el país que más inmigrantes aporta en Estados Unidos.
En el 2014, los migrantes llegados desde el Triángulo Norte casi duplicaron a los que lo habían hecho en el 2011, pasando de 60 mil a 115 mil, mientras que los mexicanos pasaron de los 175 mil a 165 mil, según recoge el informe del Pew, con sede en Washington.
Este aumento desde el inicio de la Gran Recesión se produjo tanto en aquellos que emplearon vías legales de acceso como en aquellos que carecían de autorización.
La proporción de inmigrantes no autorizados de Guatemala, Honduras y El Salvador es superior a la media, con un 55 por ciento del total de los 3 millones de personas que viven en el país, mientras que en el resto de inmigrantes apenas supone un 24 por ciento.
Según Pew, de los no autorizados de estos tres países, más de 250 mil inmigrantes se benefician de un estatus de protección temporal a través de dos programas federales, la Acción Diferida (Daca) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les protege de la deportación.
El primero de los dos programas ya fue derogado por el presidente Donald Trump el pasado septiembre, si bien dio al Congreso de plazo hasta marzo de 2018 para hallar una solución, mientras que el TPS fue cancelado para nicaragüenses y haitianos y está en el aire para hondureños y salvadoreños.
Ante esta tendencia en auge de la entrada de personas procedentes del Triángulo Norte, Pew señala que los inmigrantes centroamericanos tienden a justificar en las encuestas menos su desplazamiento por la oportunidad económica -que sigue siendo la más recurrente- que otros grupos.
Otro de los motivos que añaden es la violencia a través de la actividad de bandas delictivas y de los altos índices de homicidios.
Sin embargo, la razón más argumentada por los inmigrantes del Triángulo Norte fue el trabajo, elegido por casi un 90 por ciento de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños recientemente deportados que fueron entrevistados.
En el 2015, El Salvador alcanzó el quinto puesto en procedencia de inmigrantes en territorio estadounidense, con 1.4 millones; Guatemala fue el décimo, con 980 mil; y Honduras el vigésimo segundo con 630 mil; todos lejos de los 12 millones de mexicanos.
