El fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Nahaniel Murgas, les acusa de interceptar las comunicaciones a más de 150 personas entre opositores, empresarios, periodistas y sindicalistas.
Específicamente les imputa el delito contra la libertad en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.
“Esperamos contar con un tribunal independiente que se acoja en su pronunciamiento al respeto a la Constitución y la ley”, dijo el abogado Gustavo Pereira, cuya prioridad en los próximos días será recuperar la libertad de su defendido, Gustavo Pérez.
Por el mismo caso el Ministerio Público formuló cargos contra los exfuncionarios Ronny Ramiro Rodríguez y William Pitti, que se encuentran en paradero desconocido y sobre los que pesa una orden de captura.
“Nosotros vamos a demostrar que las pruebas que iniciaron este proceso son ilegales. En el Consejo siempre se ha espiado porque sirve para eso, para prevenir los peligros contra la seguridad nacional”, denunció el abogado de Rodríguez, Alejandro Pérez.
La audiencia de este lunes se celebró a puerta cerrada, en teoría para no vulnerar la intimidad de los espiados, algo que ha despertado multitud de críticas en los medios locales e incluso entre la propia defensa de los acusados.
Según la Fiscalía, los equipos de escucha fueron adquiridos en Israel a la empresa M.L.M. Protection Ltd. por el Gobierno de Martinelli a un precio de 13,5 millones de dólares.
La maquinaria, de acuerdo al fiscal, se compró a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), una entidad gubernamental creada para atender de urgencia las necesidades de los más pobres y cuyos dirigentes están envueltos en diversos casos de corrupción.
Varias de las personas que supuestamente fueron espiadas pidieron a la entrada del juzgado que haya independencia judicial y que se siente en el banquillo al “verdadero culpable” de ordenar las escuchas ilegales: el exmandatario Ricardo Martinelli.
“Hoy inicia un proceso que nos debe llevar a un responsable mayor, que es Ricardo Martinelli”, afirmó la excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, una de las víctimas.
“El señor Martinelli utilizaba estos pinchazos para tener una ventaja sobre sus adversarios políticos y sobre los empresarios que competían con él. Eso, a todas luces, es uno de los delitos más grandes que se han cometido en este país”, sostuvo otro de los “pinchados”, el veterano político del PRD y exministro Mitchell Doens.
El pasado 8 de junio la Corte Suprema de Justicia de Panamá abrió una causa penal contra Martinelli por este mismo caso. Se trata, por tanto, de la tercera investigación que enfrenta el exmandatario, que también está siendo investigado por la compra con supuestos sobrecostes de alimentos deshidratados y por la firma de más de 300 indultos.
Martinelli, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), salió de Panamá el pasado 28 de enero y se encuentra en Estados Unidos, según sus abogados.
Desde Twitter, su altavoz político, el exmandatario asegura que es víctima de una “persecución” por parte del actual presidente, Juan Carlos Varela, quien fue su vicepresidente y aliado electoral hasta mediados de 2011.
El gobierno de Varela ha presentado al menos 200 denuncias por corrupción contra funcionarios de la pasada administración, incluyendo a prácticamente todos los ministros de Martinelli.
